El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, aseguró ayer que el cierre de aulas de la escuela concertada se basará en criterios técnicos y reiteró que todavía no se ha decidido «ni el número que serán ni a qué centros afectará», dijo. Guillén apuntó que el objetivo es buscar un «equilibrio» con la escuela pública por los cierres sufridos la pasada legislatura.
El consejero mostró el respeto «más absoluto» del Gobierno de Aragón a la manifestación convocada por la concertada el próximo martes en Zaragoza, al tiempo que recordó que, durante la pasada legislatura, el anterior Ejecutivo cerró más de 30 vías de la escuela pública «sin que afectara para nada a la educación concertada», dijo.
«Hay circunstancias, fundamentalmente demográficas, que obligan a tomar alguna decisión», añadió Guillén. «En estos momentos hay que buscar un equilibrio por la caída de la natalidad, y los procesos de escolarización se tienen que revisar», aseguró. Esto se hará a través de las comisiones técnicas que se reunirán durante la primera quincena de abril y, a tenor de sus conclusiones, se tomarán las decisiones oportunas.
Guillén enfatizó que el Ejecutivo aragonés se ha distinguido «siempre» por la defensa de la educación pública y por garantizar la coexistencia de los centros concertados, privados pero gestionados con fondos públicos y que ejercen un servicio público. «Cualquier medida que adopte el Gobierno respecto a los ámbitos de la educación se debe tomar desde el consenso y el diálogo con las partes afectadas, que es lo que se está intentando», dijo.
Cualquier decisión que se tome, apuntó Guillén, será con la garantía para los padres de que sus hijos «van a ser escolarizados de la mejor manera posible» y también del empleo de los profesores afectados de la escuela concertada a través de la negociación con los sindicatos de la pública y de la concertada.
