"Como una conferencia sectorial electoralista porque de lo que se ha hablado, ni lo va a hacer este Gobierno de España tras las próximas elecciones, ni se habla de financiación para respaldar los cambios legislativos que se proponen". Así definió el consejero de Presidencia de Aragón, Vicente Guillén, la reunión mantenida ayer entre el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y los consejeros de las once comunidades con competencias en materia de Administración de Justicia.
Guillén insistió --que asistió a la conferencia sectorial junto a la directora general María Ángeles Júlvez-- en que es imposible, como pretende el ministerio, que el próximo día 15 se pueda llevar a cabo la tramitación ante el Registro Civil de las inscripciones y defunciones de forma telemática tras la última reforma de la Ley del Registro Civil. De hecho, hasta la fecha se han digitalizado los registros civiles de las tres capitales de provincia y de las cabezas de partidos judiciales, lo que supone el 80% del total, "pero falta un 20% y necesitaríamos presupuesto del ministerio". Ayer, Aragón recibió del Estado más de 153.000 euros para digitalizar los juzgados. Sí se mostró de acuerdo el consejero de Justicia con la aseveración del ministro en el sentido de que el Registro Civil mantendrá su carácter de público, "algo que nosotros siempre hemos defendido".
En otro orden de cosas, el ministerio va a avanzar en la ampliación de competencias de los institutos de Medicina Legal para la realización de pericias prejudiciales y el establecimiento de unos precios públicos. Aunque no se dio fecha alguna, el consejero se mostró partidario porque uno de los centros de vanguardia en el Estado español en esta materia es el situado en Aragón.
En cuanto a la implantación del programa Lexnet, desde Aragón se señaló que está en disposición de recibir comunicaciones, partir del mes de junio de 2016.
