Guillén confía en que la ley de memoria democrática se cumplirá "al máximo"

Así lo ha indicado antes de reunirse en Zaragoza con diversas entidades y ayuntamientos en relación con la retirada de símbolos que ensalcen la Guerra Civil o la dictadura de Franco, con un régimen sancionador si se incumple que alcanza también a las administraciones locales, que no tendrán derecho a subvenciones o ayudas públicas.

"Nosotros pretendemos que nuestra ley sea eficaz, que se ponga en funcionamiento y que se cumpla al máximo", ha dicho Guillén, quien no obstante ha hecho hincapié en que la retirada de símbolos no es lo más importante, sino la sensibilización social y la educación porque la memoria "es fundamental para asentar los valores y los principios de una democracia", y como enseñanza para que los conflictos nunca se vuelvan a dirimir mediante la violencia, sino por procedimientos pacíficos.

El consejero ha destacado además que los ayuntamientos son también fundamentales porque se puede hacer de muchos lugares en los que transcurrió el conflicto bélico elementos turísticos de singular interés.

La ley recoge la posibilidad de convertir estos lugares en bienes de interés cultural, ha explicado Guillén, quien ha apuntado que la señalización y el inventario de todos los lugares afectados por la contienda son "de una extraordinaria importancia" por el interés que este tipo de conflictos bélicos despierta, no solo en España, sino en el ámbito internacional.

Así, ha añadido, la ley puede ayudar a que de ese conflicto se pueda hacer un instrumento de alto interés turístico en la Comunidad, porque "prácticamente Aragón está cubierto de lugares de un alto interés en materia de la Guerra Civil".

El consejero ha recordado que el Gobierno tomó en consideración el anteproyecto de la ley el pasado 25 de abril y que tras el proceso participativo, que incluye reuniones con diversas entidades en Zaragoza, Huesca y Teruel y talleres, el Gobierno prevé remitir el proyecto a las Cortes en julio para su tramitación con el fin de que esté aprobada antes de final de año y entre en vigor en 2018.

En este proceso de participación podrán tomar parte también los particulares a través de la página web de la dirección general de participación ciudadana.

En cuanto a dotación económica, el consejero ha incidido en que precisamente el gran problema del que ha adolecido la ley estatal ha sido la ausencia de financiación y ha apuntado que el Gobierno de Aragón la ha dotado ya este año con una partida de 200.000 euros y hará un esfuerzo para incrementarla en los próximos ejercicios.

En el anteproyecto se aborda además la identificación de las víctimas, condición que se extiende a los desaparecidos, los condenados por tribunales ilegítimos, los privados de libertad, los exiliados, los confinados en campos de concentración, miembros de colectivos, sindicatos y partidos políticos que sufrieron persecución y, por primera vez, los bebés robados, así como los familiares directos de todos ellos.

Se les reconocen los derechos a conocer, a la justicia, al reconocimiento y la reparación moral y a que estos hechos no se repitan.

Y para lograrlos, el anteproyecto obliga al Gobierno de Aragón a elaborar un censo de desaparecidos, a ampliar el mapa de fosas y a realizar un protocolo específico de exhumaciones con la recogida de muestras de ADN de las víctimas y de sus familiares para lograr su identificación.