El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, ha asegurado hoy que el cierre de aulas de la escuela concertada se basará en criterios técnicos y que aún no se ha decidido el número ni a qué centros afectará, y que el objetivo es buscar un equilibrio con la escuela pública por los cierres sufridos la pasada legislatura.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Guillén ha mostrado el respeto "más absoluto" del Gobierno a la manifestación convocada por la escuela concertada el próximo 4 de abril, al tiempo que ha recordado que la pasada legislatura el anterior Ejecutivo cerró más de 30 vías de la escuela pública y "sin que afectara para nada a la educación concertada".
El consejero ha enfatizado que el Gobierno de Javier Lambán se ha distinguido siempre por la defensa de la educación pública y por garantizar la coexistencia de los centros concertados, centros privados gestionados con fondos públicos y que ejercer un servicio público, de forma que cualquier medida que adopte el Gobierno respecto a los ámbitos de la educación se debe tomar desde el consenso y el diálogo con las partes afectadas, que es lo que se está intentando.
El consejero ha insistido en que cualquier decisión que se tome será con la garantía para los padres de que sus hijos van a ser escolarizados de la mejor manera posible, y también de empleo para los profesores afectados de la escuela concertada.
"Hay circunstancias, fundamentalmente demográficas, que obligan a tomar alguna decisión", ha apuntado Guillén, quien ha recordado que ya la pasada legislatura el Gobierno anterior decidió cerrar más de 30 vías, todas ellas de centros públicos, y en estos momentos hay que "buscar un equilibrio" por la caída de la natalidad, y los procesos de escolarización se tienen que revisar.
Ha explicado que se hará a través de las comisiones técnicas que se reunirán durante la primera quincena de abril y a tenor de sus conclusiones se tomarán las decisiones oportunas, garantizando la escolarización y el empleo de los profesores, a través de la negociación con los sindicatos de profesores y con la enseñanza concertada, desde la defensa de la escuela pública.
Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto para la conversión de dos centros educativos aragoneses en Centros Integrados: el colegio de Educación Infantil y Primaria Ramón y Cajal de Ayerbe (Huesca) y el colegio de Educación Infantil y Primaria La Jota de Zaragoza, de forma que los alumnos podrán cursar también Secundaria
Además, se ha aprobado el decreto por el que los centros de Arcosur, Parque Venecia y Valdespartera III, que comenzarán su actividad en el curso escolar 2017-2018, tendrán personalidad jurídica propia, su propia plantilla y equipo de profesores, así como su equipo directivo y AMPA.
Guillén ha apuntado además que hoy el BOA publica la licitación de la construcción de doce unidades de educación Infantil del CIP Valdespartera III y de nueve del CIP Arcosur, con un presupuesto de 3,6 y 2,4 millones, respectivamente.
