Los cambios políticos parecen haber desatascado una de las cuestiones fundamentales sobre el diseño de la estructura estatal. El Ministerio de Hacienda convocará, antes del mes de agosto, «uno o varios» Consejos de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar no solo la financiación autonómica sino también la distribución de los objetivos de estabilidad individualizados por regiones.
Con el nuevo tiempo político, Hacienda propone, por tanto, un debate «sosegado y en profundidad» que permita adoptar decisiones «con respaldo técnico» y desde el acuerdo con todas y cada una de las comunidades autónomas. El ministerio que ahora dirige María Jesús Montero insistió en que los presupuestos del 2019 y la nueva financiación autonómica son sus dos grandes prioridades, y se comprometió a «actuar pronto» para avanzar en un diálogo «fluido y permanente con las comunidades autónomas».
En este escenario que se abre, algunos de los expertos y autores del informe sobre financiación autonómica, que se ha convertido en el documento base de discusión del nuevo modelo, han admitido que hay «una oportunidad» para el debate pero deberá ser rápido, antes de entrar en el ciclo electoral.
Es el caso del técnico designado por Aragón, Alain Cuenca, que se mostró convencido de que puede existir «un espacio para negociar incluyendo a Cataluña». Una de sus propuestas más urgentes sería la de intentar aliviar la deuda de las comunidades autónomas y facilitar su retorno a los mercados financieros.
PRESUPUESTOS
Por su parte, y de cara a la tramitación presupuestaria de las cuentas del 2019 del próximo lunes en el Senado, el PP anunció su intención de presentar enmiendas por valor de 5,5 millones de euros que se deberían destinar a extender el plan de banda ancha y de 26,6 millones para programas de transporte público. El PAR ya fijó ayer cambios por 144 millones a través de 44 enmiendas, gracias al apoyo de los populares.
