La Agencia Tributaria ha denunciado por fraude fiscal a Julián de Miguel, presidente de Aranade --la empresa que gestionó el urbanismo en La Muela en los años del boom del ladrillo--, y a sus dos hijos varones, Julio y David, a los que acusa de haber defraudado a Hacienda cuotas tributarias que suman 1.794.414 euros. El padre, en libertad bajo fianza de 120.000 euros, ya está imputado en la Operación Molinos, mientras que la unión de la denuncia a la causa hará que sus vástagos eleven a 46 la cifra de personas encartadas.
Un reciente auto del juez de La Almunia relata cómo la Agencia Tributaria ha hallado indicios de que en el 2005 Aranade "ocultó la existencia de rentas no declaradas" por las que eludió tributar e "igualmente se dedujo gastos no deducibles fiscalmente". La Inspección cifra la cuota defraudada en 820.772 euros y señala como autor a Julián de Miguel "con la participación de los socios" Julio y David.
La resolución del magistrado recoge también que Hacienda imputa sendos fraudes tributarios de 485.878 y 487.762 euros a Julio y a David, respectivamente, por "haber utilizado bienes y recibido rentas de Aranade sin haberlas declarado" en el IRPF del 2006, así como por las "rentas no declaradas puestas de manifiesto en la operación de donación encubierta de las participaciones de Tudela Inmobiliaria de Gestión a su hermana". Julián de Miguel ya estaba encartado como cooperador necesario en el presunto fraude de algo más de 320.000 euros que el fisco imputa a la exalcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla, por la operación 1 de venta de los terrenos del SR-1 a través de Tudela y por la supuesta recepción de dinero negro de la inmobiliaria.
RASTREO Hacienda está chequeando, por orden del juez de La Almunia, sus datos sobre los imputados en la Operación Molinos. El jueves concluyó el plazo para denunciar los delitos tributarios correspondientes al ejercicio fiscal del 2005. Restan por llegar al juzgado las infracciones penales relativas a los tres años y tres meses siguientes.
Hasta ahora, la palma en cuanto a supuestos fraudes fiscales se la lleva el empresario Carmelo Aured: está imputado en la Operación Molinos por cuatro infracciones tributarias que suman 3,64 millones de euros y la Fiscalía le pide tres años y diez meses de cárcel, además de multas por valor de 800.000 euros, por otros dos presuntos fraudes que suman 734.000 euros.
El juez de La Almunia ha embargado el crédito de 4.026 euros que el muelano tenía pendiente de cobro por un declaración de IRPF. La incautación tiene el fin de garantizar su aplicación al pago de las multas o indemnizaciones que pueda incluir una eventual sentencia condenatoria.
