Ei un aspecto ha dominado gran parte del debate político y la acción de Gobierno de este año en Aragón ha sido el empeño en cumplir con los objetivos de déficit, un empeño que ha resultado fallido puesto que el Ejecutivo autonómico no ha podido controlarlo y la comunidad ha pasado de ser una de las más cumplidoras ha estar situadas en el pelotón de las que más desfase presenta en sus cuentas públicas. Las consecuencias han sido rotundas: cese del consejero de Hacienda anterior, José Luis Saz, que fue sustituido por Javier Campoy en abril.

Sin embargo, y de momento, los datos indican que el relevo no ha servido para atajar la acumulación del dato negativo, ya que en cuatro meses del 2014 ya se ha cubierto el 60% del tope máximo fijado por Madrid y Bruselas para la comunidad autónoma. El incumplimiento tiene consecuencias negativas: la obligatoriedad de ajustar más las cuentas para hacer compatibles los gastos con los ingresos. Y lo que está sucediendo es que se gasta más de lo que se ingresa. O mejor, se gasta lo que se necesita y se ingresa muy poco.

VISIONES CONTRAPUESTAS Para el Gobierno, el desfase del déficit demuestra que no ha habido recortes sociales y que se debe al Plan Impulso, una serie de programas puestos en marcha para crear empleo y dinamizar la economía con el mayor margen de déficit concedido en el 2013. Además, discrepa del método de contabilización del ministerio para computar el déficit del 2013, que se cerró en el 2,06% cuando el máximo era del 1,3%. Una cifra que, para la oposición, es un fracaso político en toda regla de un Gobierno que ha aplicado estrictos recortes y ha sido incapaz, según PSOE, CHA e IU de aplicar medidas fiscales progresivas y aumentar los ingresos.

DEDUCCIONES FISCALES En este sentido, algunas de las medidas aplicadas por el Gobierno y que consideran que son beneficiosas para los ciudadanos son criticadas con dureza por los partidos de la izquierda. Entre los beneficios fiscales más criticados puestos en marcha este año, el 50% de la bonificación en Sucesiones y Donaciones, la deducción por gastos de primas de seguros sanitarios y la disminución del impuesto de grandes de áreas de venta. Aragón es, junto a Madrid, la comunidad autónoma con menor presión fiscal.

A pesar de que el Gobierno aragonés incide en que este año ha habido una altísima ejecución presupuestaria y que ha ahorrado 30 millones de euros en gasto corriente y que acaba de recaudar 7,5 millones de euros gracias a la venta de un edifico público en el centro de Zaragoza mediante una subasta, el desfase entre lo ingresado y lo gastado es de casi 200 millones.

Para intentar frenar este preocupante dato, se ha creado recientemente una unidad de control del gasto en la que el consejero de Hacienda y la dirección de la consejería supervisan una a una cada factura de la Administración Pública. Están por ver los resultados, aunque el incremento del déficit continúa y la amenaza de nuevos ajustes --que niega el Gobierno autonómico-- sigue encima de la mesa.

Hace un año, el Gobierno de Rudi aseguraba que se cumpliría el objetivo a pesar de los malos datos coyunturales que se conocían. Ahora, sigue con su tesis a pesar de que es desmentida cada mes por los datos. Solo el tiempo dirá quién tiene razón en diciembre.