"Si no se cumplen los valores no se tiene cabida dentro del proyecto de Ciudadanos". El secretario de organización de Ciudadanos, Fran Hervías, acudió ayer a Zaragoza para presentar la nueva estructura en Aragón y se mostró contundente con los casi cuarenta miembros del sector crítico del partido a los que se les abrió un expediente disciplinario, con suspensión cautelar, por participar en un grupo de Whatsapp. "En Ciudadanos no aceptamos insultos, ni personas que quieran dinamitar el partido desde dentro", afirmó. En todo caso, reconoció que es "normal" que cuando un partido va creciendo "se produzcan desavenencias internas". Además, consideró que en Ciudadanos funciona la democracia interna y que todos los afiliados "pueden opinar libremente", algo que en su opinión es "revolucionario" dentro de un partido en España. Pero el mensaje a los críticos era claro. "Las opiniones no pueden ser insultos", dijo, así que los informes seguirán adelante porque en la dirección consideran que los afiliados "han cruzado completamente la línea de la educación y el respeto".

La presencia de Hervías en Zaragoza sirvió para presentar la nueva organización de la formación y quitó importancia a los últimos cambios que han alzado a Ramiro Domínguez como delegado territorial, asegurando que en Ciudadanos los órganos obedecen a la "coordinación del trabajo" puesto que su estructura es "mucho más flexible que la de los viejos partidos". La anterior delegada, Susana Gaspar, ahora ejercerá las labores de portavoz de la formación naranja.

El grupo de casi cuarenta expedientados promovió ayer una acción en las redes sociales en la que defendían que las acciones emprendidas contra ellos pretenden "acallar" diversas peticiones de información sobre la dirección que habían iniciado. "Los dirigentes de Aragón, para perpetuarse en sus cargos, no dudan en purgar a cualquier afiliado que denuncie unas prácticas que ponen en riesgo al propio partido", afirman. También confirmaron que están preparando una denuncia penal ante los juzgados por la violación del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, que consideran garantizado por el artículo 18.3 de la Constitución.