Unos pinchazos telefónicos en la investigación, todavía sin resolver, del asesinato de un joven en las orillas del río Ebro, en 1999, desembocaron en el 2013 en el arresto de diez personas y el desmantelamiento de un laboratorio industrial de speed en Anento, uno de los municipios de la comunidad que tiene el título de ser uno de los más bonitos de España. Ayer, los entonces detenidos se sentaron en el banquillo de la Audiencia de Zaragoza, donde admitieron que se dedicaban al tráfico de estupefacientes, pero todos quisieron desmarcarse de los 23 kilos de speed hallados en el invernadero.
Inicialmente la Fiscalía pedía 91 años de prisión, si bien nueve de ellos, salvo Óscar Crespo -que se enfrenta a la mayor pena, 14 años y 2,5 millones de euros en multas-, llegaron a un acuerdo por el que aceptaron penas de entre dos y cuatro años de prisión. Un resultado satisfactorio, según sus defensas realizadas por los abogados José Cabrejas, Carmen Sánchez, Javier Notivoli y Mariano Bonías.
El único que no quiso pactar con el ministerio público rechazó ser el cabecilla, tal y como lo considera el Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional. Admitió que en su haber tenía 400 gramos de anfetamina, 213 gramos de cocaína y dos kilos y medio de hachís, pero que eran «para el menudeo con el que se pagaba el alquiler de la casa y para consumo».
En su descargo, preguntado por su letrada, Ana Herrando, trató de señalar a su compañero de banquillo Víctor Pérez, ya que era el propietario de la parcela de Anento en la que se construyó el invernadero. «Yo dirigí las obras, sabía que era para cultivar marihuana, por lo que fui el primer sorprendido al ver 23 kilos de metanfetamina en una nevera cuando la Policía me llevó detenido a ese lugar», señaló este encausado. También señaló que él no tiene ningún tipo de formación química o farmacéutica por la que poder fabricar sulfato de anfetamina.
Una declaración que colisionaba con los hechos que la Fiscalía había aceptado implícitamente al llegar a un acuerdo con el abogado defensor de Pérez, el penalista José Luis Melguizo, ya que le hacía desconocedor del speed encontrado, no tanto de que en su propiedad se había levantado un invernadero de maría. De hecho, su pena fue fijada en un año y medio de cárcel por tráfico de drogas y otros seis meses por pertenencia a banda criminal.
Hoy será el turno de los investigadores, quienes estimaron que los acusados invirtieron 100.000 euros en acondicionar la instalación, con capacidad para 450 plantas. También consideran que Óscar Crespo viajó a Holanda para comprar sustancia para elaborar speed. Él lo negó.
