La hija de la mujer tiroteada por su padre, Juan Antonio Ruiz Díaz, -el pasado 12 de julio en las inmediaciones del centro comercial Aragonia- acaba de solicitar al juzgado instructor que se le devuelva la pistola, marca Beretta del calibre 9 milímetros, empleada en esta tentativa de asesinato para poder venderla a alguien que esté interesado.

En un escrito remitido a la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza, María José Gil Lázaro, esta joven justifica la petición resaltando el «valor económico» del arma. También quiere que la Guardia Civil liberalice y le devuelva los cuatro rifles pertenecientes al autor -fallecido tras dispararse en la cabeza- que fueron ocupados en el domicilio familiar de la localidad zaragozana de Torres de Berrellén, a principios del mes de septiembre. Y es que el protocolo judicial estipula que el instituto armado debe guardar las armas de una persona implicada en una investigación, pero las cuales no están involucradas en el procedimiento.

De hecho, la hija resalta que no tienen nada que ver con los hechos y que, por tanto, tiene derecho a venderlas legalmente a otra persona que tenga licencia. Su padre también tenía permiso de armas.

No es lo único que solicita a la instructora, también muestra interés por recibir el cedé que configuró el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Aragón con todas las grabaciones de las cámaras de seguridad próximas al lugar donde se produjo el tiroteo. Por otro lado, quiere recuperar el dinero que Juan Antonio Ruiz Díaz llevaba consigo del día en el que casi fallece su madre. Según fuentes consultadas, el empresario zaragozano llevaba en una cartera un montante de cerca de 3.000 euros. Será ahora la jueza instructora la que decida qué hacer con este listado de peticiones. En concreto, el arma empleada en la agresión continúa en las dependencias madrileñas de los especialistas en balística del Cuerpo Nacional de Policía, quienes continúan analizándola. Si los investigadores no observan nada irregular y queda aclarado que no hubo una tercera persona implicada en la compra de esta pistola, la magistrada María José Gil Lázaro decretará el archivo del caso, debido a que no se puede ejercitar ningún tipo de acusación contra el autor al haber fallecido.

POLÉMICA

También está cerrada la investigación interna de la Policía realizada a los agentes que atendieron en los días previos a la mujer y a su hija, en comisaría. Tras ocurrir el tiroteo, la joven habló de dejación de funciones por no querer admitir una denuncia para conseguir una orden de alejamiento ante las amenazas telefónicas vertidas por Juan Antonio Ruiz Díaz. Llegó a decir a su exesposa: «Si no me haces el ingreso no llegamos a mañana ni tú ni yo». Este empresario le reclamaba 40.000 euros.

No obstante, la investigación sobre este asunto concluyó que no hubo mala praxis policial, sino todo lo contrario porque animaron a las dos mujeres a denunciar si así lo estimaban, aunque ninguna de ellas, al parecer, quiso hacerlo.

Asimismo, señaló que tampoco fueron advertidos de que el hombre tuviera armas en su vivienda. Sobre la grabación de las amenazadas, los policías negaron haberlas oído.