«La intervención pública debería ser más intensa y delimitar los precios del alquiler privado. Es imprescindible», aseguró ayer el concejal de Vivienda, Pablo Híjar, durante su intervención en las jornadas Vivienda Social organizadas por Ibercaja. Según el edil, se trata de una medida que el Estado debería plantearse y que tendría una repercusión directa y positiva en los alquileres sociales. El consistorio, por ejemplo, ha tenido que incrementar ligeramente el precio por metro cuadrado para poder competir con los del mercado, cada vez más altos.

La sociedad municipal Zaragoza Vivienda gestiona más de 2.000 viviendas, de las que 1.900 están destinadas al alquiler social.

La DGA también trabaja intensamente en rehabilitar y adecuar los hogares que va sumando a su bolsa con el ánimo de poder ofrecer una alternativa habitacional a aquellos que han sufrido las duras consecuencias de la crisis económica. Actualmente, según la directora general de Vivienda, Mayte Andreu, se están revisando las condiciones exigidas tanto para aquellos que ceden sus pisos como para los arrendatarios para adaptarlas a la realidad.

Según Híjar, se está produciendo una segunda burbuja inmobiliaria, aunque en este caso, relacionada con el arrendamiento. «Ahora alquilar un piso es un negocio y además se hacen llamamientos invertir en casa para después arrendarlas», señaló. «En este mar estamos tenemos que competir para captar viviendas con precios de mercado cada vez más altos», añadió.

El programa de captación de vivienda del consistorio ya ha tramitado 492 expedientes de cesión de casas, de los que se han adjudicado 222 en año y medio. El consistorio también tiene un programa en el Casco Histórico destinado a mayores. Se trata de alquilar habitaciones a personas con escasos recursos y de avanzada edad.