La polémica y los enfrentamientos políticos, los retrasos en las obras y las primeros piedras fallidas han marcado la larga historia inacabada de los proyectos de nuevos hospitales de Teruel y de Alcañiz, consideradas desde hace años dos de las infraestructuras más relevantes a culminar en Aragón.
Larga historia que esta misma semana, en las Cortes de Aragón, ha vuelto a tener un episodio de tensión debido a los retrasos de las obras en el Hospital de Alcañiz.
El consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, llegó a reconocer hace unos días que la demora en el proyecto podía llevar a la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria, pero Lambán, el jueves pasado, negó tal posibilidad.
Lo dijo en un debate bronco que sacó a relucir el periplo de dos centros que desean los turolenses en una especie de sueño que nunca se cumple.
En el caso del hospital de Alcañiz, la primera piedra se puso en octubre de 2017, aunque su origen se remonta a mucho antes, a los gobiernos socialistas de Marcelino Iglesias, cuando se abordó la ubicación y la negociación por la propiedad de los terrenos.
En 2012, el Ayuntamiento comenzó el pago de las expropiaciones, y con Luisa Fernanda Rudi al frente del Ejecutivo se licitó y adjudicó la construcción de la infraestructura.
Hubo una notable oposición social, encabezada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bajo Aragón y apoyada por los partidos de izquierda, porque se consideraba que lo que quería hacer el Gobierno del PP era privatizar el centro, al estilo de lo ocurrido en otros lugares como en la Comunidad Valenciana o Madrid.
El Partido Popular siempre negó este extremo diciendo que, aunque se trataba de una concesión de obra pública en lugar de una construcción directa, seguía siendo un hospital público y que, por tanto, el personal sanitario y los servicios médicos iban a ser públicos. El caso recaló en los tribunales.
Pese a la oposición social y política, el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi adjudicó el proyecto en mayo de 2015.
Fue el mismo mes en que las elecciones autonómicas y locales volcaron el reparto de poder en las comunidades autónomas. Del dominio al desalojo, el PP también quedó apeado del Ejecutivo aragonés.
Antes de abandonar la Presidencia, Rudi decidió no formalizar el contrato de la adjudicación que había conseguido la UTE de OHL e Iridium.
Tras un periodo de negociaciones, el PSOE de Javier Lambán y CHA se asentaron en el Pignatelli gracias al apoyo en la investidura de Podemos. Una de las primeras decisiones de Lambán como presidente fue anular la adjudicación, tal y como había prometido en campaña.
Comenzó en 2016 un nuevo proceso de licitación de la obra con cien por cien de financiación pública.
Superados varios retrasos, la obra se adjudicó por casi 57,5 millones de euros. La primera piedra se colocó en octubre.
En cuanto al hospital de Teruel, el primer proyecto fue presentado por los socialistas, que tras tres legislaturas en el Gobierno de Aragón, licitaron el proyecto a dos meses de las elecciones de 2011 por 98 millones de euros y un periodo de construcción de 4,5 años.
El contrato se adjudicó a Acciona y se formalizó en marzo de 2012.
No fue hasta 2013, con Rudi en el Gobierno, cuando hubo anuncio oficial de obras e incluso un acto de primera piedra, pero después todo se paralizó por la alerta de riesgos sísmicos en la zona que hizo el geólogo José Luis Simón, quien cinco años antes ya envió sus primeros estudios al Ejecutivo aragonés.
Este riesgo, que los representantes sociales de Teruel más escépticos y algunos partidos vieron como excusa para retrasar las obras, obligó a repensar el proyecto.
El Gobierno de Rudi, hechas varias consultas, optó por mantener la ubicación, pero con la incorporación de un condicionado que acabó por enfrentar al Ejecutivo y a Acciona, compañía que en octubre de 2014 planteó la rescisión del contrato y que el PP firmó sólo unos días antes de que se oficializara el cambio de Gobierno en 2015.
Además, a falta de dos meses para las elecciones de ese año, el Partido Popular encargó a Tragsa los trabajos de movimiento de tierra.
Hubo que esperar un año para que el consejero de Presidencia del nuevo Gobierno del PSOE, el turolense Vicente Guillén, anunciara que había que pagar a Acciona una indemnización por la rescisión del contrato de 3,3 millones de euros. Tenía que pagar el nuevo Gobierno algo que hizo el anterior.
Así lo dictaminaba el Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Zaragoza, que estimaba en su totalidad el recurso de la empresa.
Con Sebastián Celaya como consejero de Sanidad, el proyecto del hospital ha sufrido modificaciones con el objetivo de hacerlo más eficiente, han defendido desde el Ejecutivo, pero sin redimensionarlo.
En este proceso, la Federación de Vecinos ha pedido que aumente el número de habitaciones individuales y la Asociación Española contra el Cáncer en Teruel ha solicitado a través de una campaña con miles de firmas incluir una unidad de radioterapia.
De momento, los presupuestos autonómicos cuentan para 2018 con una partida de dos millones de euros, a la espera de que se licite el proyecto.
