Los examinadores de Tráfico de Aragón, junto a compañeros de todas las comunidades, exigieron ayer la dimisión del director de la Dirección General de Tráfico, (DGT), Gregorio Serrano, en la manifestación convocada en Madrid por la Asociación de examinadores de Tráfico (Asextra). Le reprochan su «inmovilismo» ante sus exigencias y auguran que la amenaza de huelga indefinida convocada para septiembre está cada vez más cerca.

En total, 200 examinadores de toda España, y 8 de los 22 que hay en Aragón, fueron a reprochar a la DGT su falta de interés en negociar la situación del sector que lleva diez años de reivindicaciones para conseguir una subida salarial, un aumento de plantilla y la reducción de 13 a 12 pruebas diarias.«El complemento específico que pedimos está justificado en que nosotros cobramos un complementos de peligrosidad y es prácticamente el mismo que alguien que está en ventanilla», afirmó Daniel Adiego, representante de Asextra en Aragón.

Tras la concentración en la capital, Adiego consideró que «la situación no avanza, así que se convocará la huelga indefinida a partir de septiembre. Salvo que se consiga un acuerdo in extremis, pero no tiene pinta», aclaró. El presidente de Asextra, Joaquín Jiménez, advirtió que si la DGT no atiende a las reivindicaciones esta situación se alargará mucho más tiempo. «Seguimos teniendo la esperanza de que esto se pueda solucionar, el problema es que cuando no hay voluntad es difícil llegar a algún acuerdo», lamentó.

Las jornadas de huelga de los examinadores se alargan desde el 19 de junio, de lunes a miércoles y han provocado la suspensión de más de 70.000 pruebas prácticas en España y concretamente en Aragón, alrededor de 2.000.

El RACC, una de las autoescuelas con mayor afluencia de alumnos en territorio nacional, calculó que si la Dirección General de Tráfico y los examinadores no resuelven el actual conflicto laboral y la huelga indefinida de los examinadores no se desconvoca, durante el mes de septiembre un mínimo de 130.000 personas se verán privadas del acceso al examen en toda España.

Según datos de RACC, este conflicto está afectando a la viabilidad económica de más de 9.000 autoescuelas que dan trabajo a unas 40.000 personas en todo el Estado. Otros centros formativos como la autoescuela Driving School de Zaragoza también criticaron la bajada de inscripciones de alumnos en temporada alta. «Estamos ante una situación agónica. Si esto sigue así, a partir de septiembre habrá despidos. Las autoescuelas tenemos que hacer frente a nuestras obligaciones tributarias y así no se puede», señaló Antonio Maza.

El RACC, a través de un comunicado, señaló que el sistema vigente requiere de «una revisión a fondo que aumente la calidad de la formación, avance en la implantación de un sistema de formación continua y modernice el proceso de obtención del permiso de conducir para hacerlo más ágil». Además, recalcó que esta situación genera graves perjuicios en los usuarios con necesidades de movilidad obligada que no podrán obtener el permiso. Este es el caso de Almudena Galicia, una alumna que necesita el permiso para trabajar y le retrasaron la prueba del 5 de julio al día 27. «No puedo seguir dependiendo de que me lleven mis padres. Necesito el permiso para ser independiente», apuntó.