El Instituto Aragonés de Fomento justificó ayer la concesión de ayudas, no precisadas, al empresario David Monforte para su empresa Victor&Vicente (Z-Mobile) en el parque tecnológico de Motorland. Una empresa constituida pero que no solo no llegó a producir ni un coche eléctrico, sino que, según reveló la Policía Nacional anteayer, fue presuntamente aprovechada por Monforte para desviar 1,8 millones en ayudas públicas.

Una de las instituciones que se las concedió (según se publicó en su día, por un valor de unos 300.000 euros) fue el IAF, además del Ministerio de Industria y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón.

Cabía preguntarse cómo se pudo entregar semejante caudal de dinero público a una empresa que luego iba a ser capaz de apropiárselo, más aún cuando el empresario ya había dejado grandes deudas en su anterior actividad, inmobiliaria.

Fuentes del IAF aclararon ayer al respecto que, efectivamente, se concedieron ayudas públicas a Corporación Industrial Z-Mobile S. L. en el marco de las líneas de apoyo a proyectos industriales generadores de empleo, dentro de las subvenciones a empresas CEEI. Se trataría de empresas "tecnológicas e innovadoras" auspiciadas en los centros europeos de empresa e innovación.

INSPECCIÓN

Toda ayuda, expusieron, está condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones para su concesión. Entre ellas, en este caso, la empresa estaba obligada a mantener la actividad, la inversión y los empleos durante un plazo mínimo de tres años.

Por ello, explicaron, sus inspectores efectuaron una visita de comprobación a las instalaciones de la empresa, en la que revisaron equipos, inversiones e infraestructuras.

"Ante las irregularidades y falta de material objeto de la subvención, así como la falta de actividad productiva", los técnicos constataron el incumplimiento de la actividad y el empleo y elevaron un informe negativo de revisión de inversiones, seguido por un expediente de reintegro de la subvención, en octubre del 2013. Un dinero que, según la investigación policial, nunca recuperaron.

"Con ello queda demostrado el control, supervisión y garantía en el procedimiento de demanda de reintegro de las subvenciones concedidas y no debidamente justificadas", reiteró el organismo. Lo cierto es que la "garantía" no bastó para recuperar el dinero. Y tampoco queda claro por qué, si un informe de octubre del 2013 indicaba que el proyecto era humo, no fue hasta dos años después cuando la denuncia de la Seguridad Social motivó la apertura de diligencias judiciales. Mientras, el empresario usó fondos presuntamente para sus gastos, como hipoteca y viajes.