El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha afirmado hoy que "es totalmente falso" que se haya producido una "privatización encubierta" de la ayuda a domicilio y dependencia, un servicio que gestionan las entidades sociales locales de una forma "más eficaz y eficiente".
El IASS ha respondido hoy en nota de prensa a las acusaciones de una plataforma social, que ha denunciado la "privatización encubierta" de la prestación del Sistema de Atención a la Dependencia y asegura que los afectados de grado II y III han recibido una notificación del IASS en la que les invitaba a "gastarse más dinero" contratando el Servicio de Ayuda a Domicilio a empresas privadas.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobó a final del año pasado una encomienda de gestión que autorizaba destinar 15,02 millones de euros para las distintas entidades locales que se adhieran al convenio para prestar este servicio.
Además, se ha referido a una carta que remitió el IASS a los usuarios de Zaragoza cuyos Pia,s indicaban como recurso idóneo el Servicio de Ayuda a Domicilio después de "por lo menos tres reuniones" con responsables del Ayuntamiento de Zaragoza, que fueron infructuosas y a los que acusa de no haber querido firmar el acuerdo.
El IASS ha explicado que "por no perjudicar a estas personas dependientes" se les envió una misiva "como solución alternativa y rápida", con la intención de "intentar que se prestara el servicio a aquellas personas dependientes que los propios trabajadores sociales del Ayuntamiento de Zaragoza han prescrito como servicio idóneo no disponible, el servicio de Ayuda a Domicilio".
Las mismas fuentes han recordado que, para poner en marcha la prestación de este servicio, se podría haber optado por sacar a licitación un contrato de servicios, pero han añadido que dadas las singularidades de la estructura territorial aragonesa se optó por la vía de encomienda de gestión mediante la firma de convenio con las entidades comarcales y entidades no comarcalizadas, entre las que se encuentra el Ayuntamiento de Zaragoza.
No obstante, este organismo ha aclarado que en ambos casos es una forma de prestación de un servicio público integrado en la red pública de servicios sociales y, por lo tanto no se trata de "ninguna privatización".
Además, ha defendido que el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia ha realizado la acreditación y supervisión del servicio y ha añadido que se está ante un supuesto de colaboración público-privada, fórmula "totalmente legal utilizada por diferentes Administraciones en la totalidad de comunidades autónomas en el ámbito de todos los servicios sociales".
