El número de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en Aragón, según los datos solo de la mitad de los registros recabada hasta ahora por el Ejecutivo autonómico, asciende a 1.751.

La cifra la ha dado a conocer hoy el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, en una comparecencia en las Cortes a petición de Podemos para informar sobre el inventario de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en Aragón, que para la diputada de la formación morada Amparo Bella, es el "mayor escándalo inmobiliario de la historia de España".

En su intervención en la Comisión de Hacienda, Bella se ha referido al patrimonio cultural sustraído del dominio público que ha pasado a manos privadas por las inmatriculaciones y ha recordado que hace dos años las Cortes aprobaron una proposición no de ley en la que se reclamaba al Gobierno que adoptara las iniciativas pertinentes para la recuperación de la catedral de Jaca, inscrito en 2015 pocos días antes de que se derogara la ley que lo hacía posible.

Bella ha citado no obstante otros bienes registrados como la Catedral de Roda de Isábena (Huesca), la Seo o la iglesia de la Magdalena en Zaragoza, además de parroquias y ermitas, viñedos o terrenos comunales.

Ha insistido en que la Iglesia Católica efectuó las inmatriculaciones hasta 2015, que estos registros provienen de la ley hipotecaria de 1946, que le daba el privilegio registral al equipararla a una corporación de derecho público, y, además, en 1998 el Gobierno de José María Aznar, con la reforma del reglamento de esa norma, le otorgó la posibilidad de registrar los bienes de culto, coincidiendo ese año con la del suelo que permitió las recalificaciones de terrenos a urbanizables, abriendo la puerta a la "especulación y al pelotazo".

Eso, ha remarcado, no fue por "casualidad", porque obedecía, en su opinión "a un plan de recapitalización de la Iglesia", que contaría con 40.000 bienes y edificios en todo el país, y Podemos reclama, respecto a los aragoneses, que el Ejecutivo haga lo necesario para recuperarlos al dominio público para no llegar a la usucapión, (adquisición de una propiedad por posesión continuada) por la que la Iglesia podría ser dentro de unos años la titular de los bienes y podría venderlos.

Gimeno ha concretado, respecto a los bienes inmatriculados por la Iglesia en Aragón, que se han pedido los datos a todos los registros de la propiedad de la comunidad, en total 43, y según la respecta que han dado a 14 de noviembre 22 de ellos, hay 1.751, lo que hace suponer que los 40.000 en España "igual se quedan cortos".

De los 21 registros de los que aún no se ha obtenido información, 13 son de Zaragoza capital.

Ha compartido con Bella la obligación que tiene la comunidad de defender el patrimonio cultural en Aragón, aunque ha advertido de las dificultades que existen para demostrar con títulos la propiedad de esos bienes para la Comunidad autónoma por su corta historia y muchos ayuntamientos, con mucha más historia, tendrían más posibilidades de contar con títulos jurídicos para justificar la propiedad.

Ha defendido, no obstante, la posibilidad de que desde las Cortes se reclame una reforma de la ley hipotecaria para eliminar el plazo de dos años que fija para reclamar un bien, y valorar como fórmula la expropiación en los casos de bienes que no estén suficientemente bien cuidados o carezcan de las inversiones suficientes, de forma individualizada, o que se revierta la propiedad.

Ha hecho hincapié en que la posición del Gobierno es no aceptar inmatriculaciones cuando no estén justificadas la titularidad de las propiedades, y de hecho ya se ha actuado en esa línea y se ha impedido el registro que pretendía la Diócesis de Jaca de la iglesia de Santa María de Iguácel, que está en suelo de la comunidad.

En el turno de los grupos, el portavoz del PP Antonio Suárez ha criticado a Podemos por presentar en el parlamento más iniciativas sobre las inmatriculaciones de la Iglesia que sobre la emergencia social, ha aseverado que para reclamar bien la clave es el título de propiedad y ha puesto en cuestión la necesidad de que esos bienes pasen al dominio público porque "han sido siempre de la Iglesia".

Elena Allué (PAR), ha ironizado con la preocupación que este asunto genera en la sociedad para "desperdiciar" la última comisión de Hacienda del año, en lugar de hablar del presupuesto y de las negociaciones "a puerta cerrada", y Javier Martínez (Cs) ha incidido en que la Iglesia ha inmatriculado una ingente cantidad de inmuebles por un "vacío legal" ya corregido, que moral o inmoral "la realidad es que es legal", y ha compartido que no haya límite temporal para reclamar la titularidad de un bien.

Por el grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA) ha admitido que seguirá "sufriendo en silencio frustración ideológica" por la inmatriculaciones de la Iglesia, cuyo poder "no ha disminuido", y Alfredo Sancho, del PSOE, ha compartido con Gimeno que no haya plazos para reclamar una propiedad, y también la dificultad de acreditar la propiedad, los casos más sonados del ayuntamiento de Zaragoza respecto a la iglesia de San Juan de los Panetes o La Seo, con "ningún recorrido".

Tras la comisión, Suárez ha comparecido en una rueda de prensa para denunciar los vetos que sufre su grupo, por parte del PSOE, CHA y Podemos, para introducir iniciativas en el orden del día de la Comisión de Hacienda cuando el parlamento es "la casa de la oposición".

Hoy ha habido un solo punto de la formación morada, que tiene un "idilio presupuestario" con los grupos que apoyan al Gobierno, ha dicho Suárez, a quien le parece "bochornoso" cuando hay asuntos a tratar como la liquidación del presupuesto de 2017 a falta diez días cierre año, más cuando se negocia el 2018, que es la cuestión de la que hoy el PP quería hablar en la comisión pero "fue vetada".