El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha decidido prorrogar hasta diciembre del 2020 la declaración de impacto ambiental (DIA) positiva para la ampliación de la estación de esquí de Cerler por la zona conocida como dominio de Castanesa. Se trata de la segunda vez que el Gobierno de Aragón toma esta decisión, dado que en el 2012 se produjo otra prórroga.
El motivo de que se vuelva a ampliar el plazo para el inicio de los trabajos es que el pasado 16 de septiembre el promotor de este proyecto comunicó a la Administración que las dificultades financieras derivadas de la crisis económica que afecta a todo el país han afectado a su empresa y han impedido llevar adelante las actuaciones necesarias. En este sentido, el empresario aducía que se trataba de causas ajenas a su voluntad y pedía que se alargara el plazo concedido para la ejecución de las obras.
El promotor comunicó, asimismo, que durante el periodo de tiempo incluido dentro de la primera prórroga no se han producido variaciones en la circunstancias que puedan alterar la repercusión medioambiental de la ejecución del proyecto, ni cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para la evolución que dio lugar a la formulación de la DIA.
A la vista de esta situación, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental ha estudiado las circunstancias técnicas y ambientales que rodean al proyecto en la actualidad y ha llegado a la conclusión de que "no es necesario el inicio de una nueva evaluación de impacto ambienta", según recogía ayer una resolución publicada en el Boletín Oficial de Aragón.
CADUCIDAD
Ahora bien, el Inaga advierte en el mismo acto administrativo de que, en el supuesto de que las obras del dominio de Castanesa no empiecen antes del 11 de diciembre del 2020, "caducará automáticamente" la actual declaración de impacto ambiental.
Esta circunstancia obligaría a realizar nuevamente la tramitación de evaluación e impacto ambiental del proyecto.
Además, la resolución establece que en cualquier caso, el promotor tendrá la obligación de comunicar al departamento competente en materia de medio ambiente, con un plazo mínimo de un mes de antelación, la fecha concreta de inicio efectivo de las obras y de la ejecución del proyecto de ampliación de las pistas.
