Los presupuestos participativos siguen dándole quebraderos de cabeza a la concejala de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Giner. Esta vez han sido los alcaldes socialistas de los barrio rurales los que se han unido para denunciar su propuesta. El primer edil de Garrapinillos, Mariano Blasco (PSOE), criticó ayer la falta de coherencia en el proyecto porque «deslegitima la elección de los alcaldes y sus programas electorales».

Acompañado por el socialista Roberto Fernández, Blasco explicó que se había alcanzado un acuerdo y que Giner, en el último momento, los rechazó. El trato contemplaba que para que las propuestas ciudadanas fueran vinculantes debían de votar, al menos, el 30% de los censados. Según Blasco, este porcentaje representa el promedio de participación en las elecciones a las alcaldías. El PSOE tiene ocho de las 14 alcaldías rurales y, salvo afines a ZeC, el resto estaban conformes con incluir esta condición para dar validez a los proyectos que eligieran los vecinos, explicó Blasco, que indicó que así se evitará que salgan adelante proyectos «que reciban un apoyo masivo de un colectivo concreto en detrimento de otros históricos» y que los alcaldes incluían en sus programas electores, matizó.

Fernández utilizó de ejemplo el resultado de la votación en los distritos, donde, por mayoría, ha salido adelante la propuesta de ciudad de la Junta Coordinadora de Cofradías para habilitar un museo donde exponer los pasos de la cofradías. Explicó que, «haciendo uso de su derecho», este «colectivo se había organizado», como había sucedido con las propuestas de las asociaciones de madres, padres y alumnos de distintos colegios, convirtiendo en prioritario su proyecto.

Giner explicó que «el hecho de imponer un límite mínimo del 30% de participación a efectos de legitimidad del proceso supone desvirtuar el concepto básico de lo que es un presupuesto participativo». Para la concejala «es prioritario garantizar que el resultado de la votación final sea ejecutado». Lamentó la posición del PSOE, a quien acusó de querer «limitar el peso de las asociaciones en las mesas de presupuestos cuando se reclama que desde el Gobierno no se les esté dando la representatividad que merecen».