La aportación anual de 0,62 metros cúbicos por segundo de aguas de la cuenca del Ebro a cuatro pequeños municipios de las cuencas internas de Cataluña recientemente aprobada destapa un trasvase de menores consecuencias de lo que en realidad está proyectando la Generalitat de Cataluña en su futura planificación hidrológica como nación. Este minitrasvase, procedente del canal Segarra-Garrigues, y que se firmó a principios de marzo en Cervera en lo que la Generalitat señaló como «un pacto histórico» es en realidad la anécdota frente a la intención real que plantea en un futuro la Generalitat para atender la demanda de abastecimiento de uso industrial y de consumo humano para Cataluña.
Así consta en un informe del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible, dependiente del Gobierno catalán, que remarca en su informe definitivo que: la Generalitat «debe confiar en la Agencia Catalana del Agua (el organismo que gestiona las cuencas internas de la comunidad) la elaboración de un estudio detallado sobre el potencial y la viabilidad de abastecimiento de agua para Cataluña, que puede recibir agua del Segre a través del canal Segarra-Garrigues (especialmente ante escenarios futuros de sequía y priorizando otras fuentes de abastecimiento ya previstas en la actual planificación hídrica)».
contactos con el estado / Dado que toda esta planificación excede las competencias de la Generalitat, ya que el canal está en la cuenca del Ebro y por tanto es la Confederación Hidrográfica del Ebro la responsable de su gestión a través del Consejo Nacional del Agua, el informe señala que «en cualquiera de los escenarios posibles es importante mantener contactos con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Dirección General de Aguas) y la Confederación Hidrográfica del Ebro e involucrar otras administraciones y organismos competentes, de acuerdo con el contexto competencial actual, para conseguir la concesión de agua para usos no agrícolas y consumo de boca».
De este modo, pretende establecer un órgano mancomunado entre diversas administraciones para «la creación de un órgano público para la gestión integral del ciclo del agua del Segre y el Noguera-Ribagorzana en la Plana de Lérida, integrado por las administraciones públicas correspondientes (Estado, Generalitat, ayuntamientos) y los usuarios del agua (regantes, industriales, etc) que asuma la competencia en la toma de decisiones y en la gestión ordinaria, incluidas las concesiones de agua».
Las conclusiones de este informe vienen avaladas tras 14 reuniones de expertos y dos visitas a la zona, realizadas desde el 14 y 15 de septiembre del 2012 en el emblemático monasterio de Poblet al 29 de abril del 2015 y aprobado en plenario un mes más tarde.
El documento viene a señalar que esta gran infraestructura hidráulica --ampliamente demandada por los regantes de las zonas más áridas de la provincia de Lérida-- puede tener a futuro otros usos más aprovechables que el dotar de regadío únicamente a una extensa zona de Cataluña.
En concreto, señala que este canal puede superar el uso agrícola, y más cuando este está en crisis, no hay relevo generacional y el precio del agua hace poco rentable el uso prioritario por el que se proyectó. De hecho, el informe contempla la posibilidad de estudiar los costes del agua, la modernización de regadíos y, sobre todo, los aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos.
De momento, este es uno más de los documentos que maneja la Generalitat de Cataluña, sin que esta se haya pronunciado acerca de su conveniencia. En cualquier caso, la contundencia del informe --que admite que en las fechas en los que se emite las competencias son del Estado-- abre la puerta a que este canal tenga usos mucho más amplios que los circunscritos a los regantes una parte de la cuenca del Ebro.
