Desde la plataforma ciudadana son muy conscientes de que el informe no es vinculante y que no tiene un carácter obligatorio. Pero tras la decisión, la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) reclamó a la UE que actúe "con rapidez, claridad y firmeza". Algo que sería contrario a los intereses de Aragón. Los portavoces Manolo Tomás y Susana Abella destacaron que el informe es "un paso importante para modificar la gestión del agua en España" y un "reconocimiento" a las movilizaciones.
