Los ingenieros industriales aragoneses respaldaron ayer la intención del Gobierno de Aragón respecto a los terrenos, bienes y dependencias de la antigua factoría Averly, de Zaragoza.
El decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja y el presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales de Aragón defendieron la alternativa que se sitúa en el Plan General de Ordenación Urbana y que establece la protección del edificio residencial, el portón de entrada y la verja perimetral, quedando el resto libre para la construcción de viviendas y que se corresponde con el Plan Especial presentado en el ayuntamiento en abril del 2013.
MÁS RAZONABLE
"Valorando la importancia indiscutible que esta industria ha tenido en el pasado, hemos llegado a la conclusión de que, a nuestro juicio, la alternativa más razonable para una adecuada conservación de los valores esenciales del legado de Averly es la marcada por el Gobierno de Aragón y refrendada por el Justicia de Aragón, que permite la posibilidad de rehabilitar y mantener los elementos patrimoniales de interés e importancia, sin coste adicional para los zaragozanos", indicaron los ingenieros, que esta semana visitaron las actuales instalaciones de la antigua fundición ubicada en la capital aragonesa.
De este modo, los profesionales desestiman las otras opciones. Una de ellas, la derivada de la reciente catalogación por parte del Gobierno de Aragón, que amplía los elementos protegidos al edificio de oficinas, nave de ajustes, jardín, redes subterráneas y de transporte interno, así como maquinaria, herramientas de producción, productos fabricados, moldes y modelos y el archivo documental.
La otra opción, defendida por colectivos como Apudepa, defendía la protección integral de todos los bienes muebles e inmuebles del conjunto, anulando la posibilidad de construir en los terrenos. "La protección integral la consideramos técnica y económicamente irrealizable en la situación actual e insostenible en el tiempo, por lo que podría llevarnos a un progresivo deterioro y a la ruina del conjunto hasta su desaparición", exponen los ingenieros, que, en este sentido, justifican la inviabilidad de esa alternativa porque "ni instituciones públicas ni empresas privadas están en condiciones de afrontar su adquisición, proceso de rehabilitación y futura conservación, lo que ahora mismo supondría un gasto inicial que superaría los 15 millones de euros", aseguran los profesionales.
