La consejera de Educación y Cultura, María Victoria Broto, garantizó ayer en las Cortes de Aragón que el desarrollo de la ley que protege las lenguas propias de Aragón se iniciará sin aportar recursos extraordinarios. Es decir, que con los actuales presupuestos del departamento que dirige podrá "poner en marcha" la ley, y además en los plazos acordados.

Con este anuncio quiso desbaratar los argumentos esgrimidos por el PP en las últimas semanas para criticar la ley que reconoce en Aragón del catalán y el aragonés. Los populares habían asegurado que en tiempos de crisis esta ley costaría como mínimo 24 millones de euros. El diputado del PP, Miguel Navarro, se interesó ayer por los pasos que va a seguir la DGA para desarrollar este proyecto legislativo. La consejera, sin especificar demasiado, sí aseguró que se van a cumplir los plazos que están incluidos en la ley, y el primero será en un próximo consejo de Gobierno aprobar la modificación de la estructura del Departamento de Educación para que asuma competencias lingüísticas que ahora no tenía.

Broto explió que antes de seis meses se creará un órgano administrativo para llevar el seguimiento de la constitución de otras entidades relacionadas con la ley. Este órgano estará compuesto por personal que ya posee el departamento, que cumplen las condiciones de ser técnicos especializados y dominar las lenguas propias. Este órgano prestará especial seguimiento a la enseñanza de las lenguas propias. El principal escollo está en la forma de normativizar el aragonés. Garantizó que esta normativización, "imprescindible para la enseñanza", será respetuosa con los modismos locales.

CONSENSO Las academias, como indica la ley, se aprobarán antes del 30 de diciembre, lo que despeja dudas surgidas tras la aprobación de la ley, sobre todo tras asegurar dirigentes del PAR en el Gobierno que eran partidarios de no desarrollarla. Broto pidió la "prudencia y el consenso" de todos los grupos. Navarro ironizó con una ley que no apoya el PP, y le aseguró que si se interesaba por su desarrollo no era para meterle prisa, sino para saber "si engañana al pueblo aragonés", al tiempo que le expuso "la desazón" que han sentido "más de 45.000 aragoneses" que con su firma se opusieron al reconocimiento de estas lenguas en una campaña impulsada por los populares.