La campaña de inspección de microcréditos que el departamento de Consumo de la DGA está llevando a cabo estos meses encara su recta final con resultados "llamativos", pero algo escasos, aparentemente, para las expectativas de las asociaciones que las impulsaron, como Adicae o Adevif. Los inspectores del Gobierno de Aragón están constatando que en realidad no hay muchos negocios en la comunidad que realmente estén inscritos como prestamistas --más allá de las vías de financiación tradicionales, como las bancarias--, y la ley les impide revisar la actividad de los particulares, que son los que, según las quejas, realmente acumulan los excesos.

A falta de contar con datos definitivos y su análisis, no parece que la campaña vaya a tener un gran impacto en cuanto a sanciones administrativas, y mucho menos que vaya a derivar en algún tipo de denuncia ante la Fiscalía. Lo cual no significa que no hayan encontrado prácticas comerciales como mínimo "llamativas" en los negocios que sí han podido investigar.

Así lo explica Ignacio Zarazaga, jefe de servicio de Disciplina de Mercados de la Dirección General de Consumo, el órgano que actúa ante alertas sobrevenidas o denuncias de este tipo. Según aclara sus competencias se limitan a las relaciones "entre empresas y particulares", no a las de préstamos entre estos, que es donde se producen la mayoría de los presuntos fraudes.

SEGUNDA MANO

Entre los establecimientos que sí han podido analizar hay una considerable variedad, desde departamentos dentro de gestorías hasta tiendas de segunda mano, que ofrecen microcréditos para comprar sus propios productos, con renovación mensual. También en empresas de automóviles los ofrecen, poniendo como garantía en ocasiones el vehículo del solicitante, con una tasación cuanto menos discutible.

En general lo que sí han constatado los inspectores, explica Zarazaga, es que estos microcréditos "pueden enmascarar unos intereses desproporcionados", con diversas técnicas. Por ejemplo, incluyendo conceptos que no son intereses en sí mismos --como comisiones por apertura de cuenta-- pero que encarecen lo pagado.

Las cantidades parecen pequeñas porque precisamente el perfil del consumidor es "vulnerable", pide habitualmente para salir de una emergencia. Así, si se piden 300 euros con una apertura de cuenta de 30, y un interés del 2%, en realidad ya se está pagando un 12%, sin contar con que el interés se prolonga. "Es flagrante que los intereses son altos, son todos de pequeña cuantía pero se acumulan muchos pequeños conceptos", indica el jefe de servicio.

Además, otro de estos conceptos que en ocasiones utilizan para condicionar la concesión del microcrédito es la contratación de otros servicios, como algún tipo de seguro.

Consumo prefiere no detallar el número de empresas investigadas, ya que la campaña no está concluida. Pero con los provisionales, y teniendo en cuenta las fases de información del contrato que analizan en sus inspecciones, se observa que los datos proporcionados al cliente aumenta a medida que se aproxima el momento de la firma.

Así, en la fase de información previa --equiparable con la publicidad, los que la tienen-- apenas se detallan conceptos como el importe total del crédito, la duración del contrato o el importe adeudado. En la fase de precontrato --algo así como la información aún sin compromiso-- se incrementan algo los datos, aunque hay llamativas faltas como los gastos derivados del impago de las cuentas. En el contrato sí se respeta mayoritariamente la información requerida, aunque hay carencias como la de la posibilidad de devolución de la prima no consumida de un seguro vinculado al préstamo.