El pasado martes falleció en Zaragoza Emilio Gastón, primer Justicia de Aragón y responsable de poner en marcha una de las instituciones más respetadas y originales del entramado político y jurídico aragonés. Fue hace 31 años, y partió con cuatro trabajadores y un presupuesto de 35 millones de pesetas (algo más de 200.000 euros), rápidamente fue aceptada por los ciudadanos, que encontraron en el Justiciazgo la oficina mediadora entre sus problemas y la Administración.

Tres son las funciones básicas de una institución milenaria que se ha adaptado a la perfección a los tiempos contemporáneos. La primera, y tal vez la más conocida, proteger y defender los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos frente a las actuaciones irregulares de las Administraciones Públicas. La segunda, defender el Estatuto de Autonomía de Aragón. La tercera, tutelar el ordenamiento jurídico aragonés. En este último caso, el Justiciazgo ha sido además una excelente editorial donde se han publicado un centenar de estudios y libros sobre el Derecho foral aragonés, tanto desde un punto de vista historicista como de su actualización y adaptación.

Ese presupuesto inicial fue creciendo hasta rozar el millón en el último año de mandato de Emilio Gastón, cifra que se superó por poco en el primer año de mandato de Juan Monserrat. Actualmente, con más de una veintena de empleados y una ingente actividad tanto en la sede de Zaragoza como en las oficinas itinerantes que han recorrido la práctica totalidad de las comarcas aragonesas, ese presupuesto supera los 1,8 millones.

Con un presupuesto más que moderado, el Justiciazgo ha triplicado en 30 años el volumen de quejas de los ciudadanos, así como las sugerencias y recomendaciones --el aspecto fundamental de la labor del Justicia-- efectuadas por este defensor de los derechos ciudadanos, que no busca tanto el pleito como la solución amistosa y eficaz de los problemas y las injusticias.

Así, en 1988 se formularon 1.044 quejas, 770 en 1989 u 865 en 1993. Una cifra lejana a las 2.906 quejas con expediente abierto (además de casi 3.000 archivados) que recibió Fernando García Vicente en el último año computado, en el 2016, según los datos que maneja la institución.

El paso de los años también ha hecho variar el tipo de problemas planteados por los ciudadanos al Justicia. Con un Aragón que todavía andaba a gatas en cuanto a competencias se refiere, un gran número de protestas recibidas por el primer Justicia tenían como motivo cuestiones que no eran competencia de la comunidad, lo que dificultaba el trabajo del titular, que remitía gran parte de ellas al Defensor del Pueblo (figura homónima al Justicia aragonés). Una elevada cantidad de estas quejas estaban relacionadas con la Justicia o asuntos laborales y de seguridad social. También había, aunque no eran los más frecuentes, quejas por la Sanidad y la Educación, que ahora son los que más abundan junto a problemas de vivienda y urbanismo.

Entre los informes realizados por el Justiciazgo, documentos monotemáticos con los que aportar soluciones, destaca el interés que siempre ha tenido esta institución, desde Gastón a García Vicente, por los menores y su protección.