El Gobierno de Aragón incorporará a 35 trabajadores del Instituto Aragonés del Agua (IAA) a su estructura en condiciones específicas y bajo la figura de personal laboral a extinguir.

Esta medida forma parte de la decisión de la DGA de convertir este organismo en una dirección general. Así, esta incorporación no supone la atribución a estos trabajadores de la condición de funcionario público ni de laboral fijo de la administración. Por ello, estos empleados no tienen los mismos derechos de movilidad voluntaria y promoción que el personal funcionarial, y solo podrán acceder a esta condición si superan los procesos selectivos.

En este contexto «a extinguir» significa que, cuando una persona deje su puesto de trabajo porque se jubila o alguna otra razón, sus funciones serán desempañadas por el personal funcionarial. La DGA reunió ayer a la Mesa Sectorial de Administración General en la que están representados los sindicatos para exponer esta cuestión.

El IAA es una entidad de derecho público, con la consideración de administración pública y, en consecuencia, el personal contratado por esa entidad tiene la consideración de empleado público, por lo que el compromiso de la DGA es el de mantener el empleo. Por el momento los sindicatos no están de acuerdo con el procedimiento seguido por la administración y hoy han convocado una protesta para denunciar la «imposición» de los cambios evitando la negociación colectiva,

También está previsto que hoy el Consejo de Gobierno apruebe el proyecto de ley que contempla la extinción del centro con el objetivo de garantizar «la gestión objetiva, integral y eficaz de sus competencias en materia de agua». El cambio significará prescindir de la descentralización funcional que supuso la atribución de las competencias en materia de agua a una entidad de derecho público y asumirlas desde la estructura departamental.

La intención es crear una dirección general dentro del departamento de Desarrollo Rural que asuma las competencias en materia de aguas.