El 7% de los contratos menores del Ayuntamiento de Zaragoza del 2016 no fueron avalados por Intervención, máximo órgano fiscalizador del consistorio. Aunque la mayoría de los casos se «desistió» de la tramitación, no sucedió así con otros, destacando uno de los más llamativos y polémicos: el que encargó el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, a la empresa ACAL bajo el título Asistencia técnica en procesos de internalización en servicios.
Según el documento de la Oficina de Control Financiero de Intervención General, el informe de este contrato fue negativo porque consideraba que «su objeto» era la prestación de servicios jurídicos y económicos, «funciones que son propias del personal municipal». Sin embargo, destaca el documento, fue adjudicado por resolución del coordinador del área de Alcaldía a ACAL, la única empresa presentada, y que avaló los procesos de municipalización.
De los 239 contratos menores del 2016, 223 tuvieron un infermo favorable y 16 desfavorable. De estos últimos, seis fueron de Urbanismo, tres se correspondieron con Servicios Públicos y otros tres de Economía y Cultura, y dos en Alcaldía y Derechos Sociales, respectivamente.
Según el documento, la tipología de contrato más utilizada fue la de servicios, representando el 42,15% del total.
Esta fórmula se utiliza para contratos inferiores a 50.000 euros, cuando se trata de obras, y de 18.000 euros para servicios y suministros. El procedimeinto permite agilizar la tramitación, ya que se prescinde del laborioso proceso de concurso público, ya que se pueden adjudicar directamente a cualquier empresa con capacidad de obra.
La oposición se ha mostrado muy crítica con el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) al respecto, ya que entre sus propósitos se encontraba la reducción de esta fórmula. Y no ha sido así.
Según la oposición, el año pasado se rubricaron 247 contratos menores, de los que 147 se formalizaron en el cuarto trimestre. En total, se desembolsaron 4,8 millones de euros en todo el año, frente a los 3,3 (239 contratos tramitados) del 2016, 2,2 del 2015 y 1,7 del 2014.
RECOMENDACIONES / La Oficina de Control Financiero ha detectado que existen contratos que se repiten anualmente o que pueden ser susceptibles de hacerlo.
Por ello, la entidad aconseja al Gobierno de la ciudad que cada área valore la opción de no utilizar esta figura, sino la tramitación de un procedimiento abierto con una duración superior a la anual.
De esta manera, además de haber una única tramitación, se conseguirían unos «mejores precios de mercado al realizarse ofertas para varios años y una concurrencia más amplia». Esto, concluye, «redundaría en una gestión más eficaz y eficiente de los recursos públicos».
