La municipalización del servicio 010, aprobada por decreto de Alcaldía y que se hará efectiva el próximo 1 de marzo, recibió ayer un duro revés desde la Intervención municipal. Con un segundo informe que ponía de manifiesto que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y el propio alcalde, Pedro Santisteve, ha tomado una determinación por cauces irregulares. Y que la decisión podría ser declarada nula de pleno derecho por ello. Era su respuesta a la petición del PSOE y Ciudadanos (C’s), que se dio a conocer ayer, el mismo día en que la CEOE cumplía su amenaza y presentaba recurso en los tribunales contra el decreto y solicitaba al juez la «suspensión cautelarísima» del mismo a solo cinco días de que se haga efectivo. Y de que las 14 trabajadoras sean subrogadas como personal laboral indefinido no fijo del consistorio.

Se producía en medio de una polvareda política que pone en tela de juicio la legalidad del decreto, con toda la oposición municipal en contra y pidiéndole al alcalde que rectifique «de inmediato» o que al menos explique qué piensa hacer ahora. O si el juez concede la cautelarísima. Santisteve reaccionó arremetiendo contra la patronal acusándole de «jugar a hacer política» e instándole a «que se presenten a las elecciones». Y la CEOE (cuyo presidente, Ricardo Mur, fue exconcejal del PP en Zaragoza) replicando que «el Gobierno valora los recursos en función de quien los recurre» e insistiendo que seguirán «defendiendo los intereses de las empresas que llevan 20 años prestando servicios de calidad a la ciudad».

La CEOE incorpora a su petición de suspensión cautelar el informe del interventor, que explica con contundencia los pormenores de la ilegalidad de la decisión de ZeC. Asegura que el decreto va en contra de una de las bases de ejecución del presupuesto (la 65); que ante los reparos suspensivos que él especificó en diciembre del 2016, ZeC nunca dio traslado de su discrepancia en «el plazo de 15 días» que tenía para hacerlo. Y que eso significa que se daban por aceptados.

Tampoco le trasladó, añade el interventor, el informe del jefe de la asesoría jurídica municipal que discrepaba de su criterio ni la posterior decisión que aprobó el Gobierno el pasado día 13 y firmó el alcalde el 17 para que él informara. Y que, con respecto a la subrogación, no se puede hacer sin aprobar antes en el pleno la plantilla municipal y la relación de puestos de trabajo (RPT) con esas 14 plazas incluidas. Además de que haya consignación económica en un presupuesto que el próximo día 1 de marzo aún no estará aprobado. Por todo eso y por obviar sus reparos suspensivos no alegados, explica, dará traslado al Tribunal de Cuentas.

El responsable de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, replicó que ese informe tiene solo «valor consultivo» y que el proceso seguirá adelante pese a los «ataques por tierra, mar y aire» contra sus intentos de municipalización. Pero que el expediente está «concluido y es firme», su planteamiento jurídico es «vigente y apropiado» y la decisión de ZeC es «correcta».