El PP, el PSOE y Ciudadanos (C’s) intentaron ayer que la junta extraordinaria de portavoces aprobara solicitar un nuevo informe al interventor, por consenso, acerca de las consecuencias jurídicas y económicas que se pueden derivar de la situación del servicio 010. Tras la suspensión cautelar de la municipalización y de mantener aparcada sine die la resolución de un concurso público que ZeC paralizó en el 2015. Pero no hubo acuerdo y decidieron pedirlo ellos tres. El Gobierno municipal lo consideró una «caza de brujas» hacia los servicios jurídicos por contradecir al interventor y lamentó la «incertidumbre» que se genera en las trabajadoras. Para el socialista Carlos Pérez Anadón este proceso está «alejado de cualquier normalidad administrativa». «Han generado otro problema que nos puede costar mucho dinero», añadió Jorge Azcón, del PP.
