La interventora general de Aragón, Ana Gómez Barrionuevo, ha anunciado hoy en su comparecencia en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes que la cifra de déficit del 0,6 % del PIB fijada para 2017 "no se va a cumplir" y que se va situar entre el 0,8 % o 0,9 %.

Gómez Barrionuevo ha respondido a una doble petición de PP y PAR sobre la ejecución presupuestaria y en este sentido, ha confirmado que en materia de ingresos, en 2017 se ha superado el 99 %, mientras que la ejecución en los gastos ha sido del 97,45 %, según informan las Cortes.

Respecto al impuesto de Sucesiones, la responsable de la Intervención General ha asegurado que la modificación o eliminación que merme estos tributos "ha de venir acompañada de otra serie de medidas que reduzcan gastos o lo compensen".

Gómez Barrionuevo ha mantenido las afirmaciones que hizo en la presentación de las cuentas de 2017 cuando aseguró, ha recordado, que "era un presupuesto realista con previsiones razonables".

Además, ha estimado que las cifras de ejecución en ingresos "no se habían alcanzado hasta ahora", y que han permitido llegar al 99,29 % y al 101 %, si se tienen en cuenta los ingresos no financieros.

En este sentido, también ha comentado que, en 2017, los recursos presupuestarios en términos de derechos reconocidos se han incrementado en 300 millones y que el ejercicio 2016 "fue el punto de inflexión en cuanto a la recaudación de los impuestos tributarios debido a la crisis".

Sobre esos 300 millones no financieros, ha explicado que dos terceras partes corresponden al sistema de financiación autonómica y que los tributos cedidos han tenido una importancia en el aumento de los ingresos de 63 millones respecto al año anterior.

En cuanto a las transferencias del Estado, también ha trasladado que se han incrementado en 10 millones y que las tasas han contribuido con 20 millones.

Por su parte, en relación con el impuesto de Sucesiones, ha confirmado que en este año se han recaudado más de 200 millones, mientras que en años anteriores "ha estado sobre 140 o 150 millones".

Antonio Suárez (PP) ha calificado de "ejemplar" la documentación presentada por la compareciente, y, en materia de ingresos, ha dicho que "es evidente la gran mejoría en los dos últimos años" y ha recordado que el Gobierno cuenta con "1.279 millones de más que en 2015".

Para este diputado, "la parte débil de los ingresos es la carga fiscal que soportan los aragoneses", puesto que, en su opinión, "es la Comunidad donde más se han subido los impuestos", mientras que con el de Sucesiones "el Gobierno ha jugado con los aragoneses" porque se han recaudado 201 millones, 52 más de la previsión.

Por su parte, Elena Allué (PAR) ha considerado que en impuestos indirectos ha habido una recaudación "muy por encima de la previsión inicial", concretamente, en las tasas se ha registrado un 171 % más, según ha trasladado.

Por ello, ha considerado que los 46 millones por encima de recaudación "dan mucho de sí, para que el Gobierno se replantee una reestructuración de su política errática en materia impositiva".

"Su afán recaudatorio ha ido por encima de su ritmo de inversión", ha afirmado también Allué, quien ha repasado las cifras del capítulo I, donde, ha recalcado que "han hecho falta modificaciones en 2016 y en 2017 para pagar las nóminas".

El socialista Alfredo Sancho ha afirmado que "se ha dejado un apartado de instrucciones en el que dijese que liquidación no significa impuesto, o que presupuesto es un anticipo".

Además, ha recordado que han logrado "llegar a final de año, con la mayor ejecución hasta el momento, a pesar de aprobar del presupuesto en mayo", pese "a los augurios y dificultades anunciados por la oposición".

Por otro lado, ha restado importancia al porcentaje de desviación en cuanto a capítulo I que ha cifrado en el 2,6 % y, por último, ha calificado al presupuesto de "ajustado, viable y social", el cual, en su opinión, "se ha presentado con una liquidación acorde".

Por parte de Podemos, Héctor Vicente ha ironizado sobre las tres posturas que "ha pensado" que podrían adoptar los grupos de la oposición, la de "los agujeros presupuestarios, las consecuencias del retraso en la aprobación de las cuentas o retorcer el tema hasta los impuestos" y finalmente han optado por éste último.

También ha criticado que haya partidas no ejecutadas en el Departamento de Economía o que para 2018 "sigue habiendo insuficiencias en algunas partidas".

Javier Martínez (Cs) se ha mantenido en los argumentos de su grupo y, por ello, ha asegurado que "hay margen de maniobra para reducir los impuestos en Aragón".

"Los aragoneses han pagado 330 millones de euros más que en 2017, ya que la presión fiscal es la cantidad neta", ha añadido.

"Suárez y Allué se han dirigido a temas de ingresos y los han dejado patidifusos", ha considerado por el grupo mixto el portavoz de CHA, Gregorio Briz, para quien los 1.200 millones que el Gobierno dispone de más, según "la monserga PP y PAR" responden a "los 800 millones que gastaban y que no declaraban y a los 439 millones de amortización".

Además, les ha preguntado a estos grupos qué déficit tendría Aragón si se quitaran los doscientos millones del impuesto de sucesiones.

Sobre el nivel de ejecución, Briz ha asegurado que "no se ha llegado nunca, ni en los mejores sueños del PP y PAR, por cuyas cuentas tuvieron que pasar tres consejeros".