La interventora general del Gobierno de Aragón, Cristina Quirós, compareció en las Cortes, a petición de IU, y con más de un año de retraso, para hablar del Plan Impulso. No contestó ni a una sola de las preguntas de la oposición, que se interesó por la legalidad de un proyecto que supuso una inyección de dinero público de 150 millones de euros. Luego, cuando terminó su intervención, y a preguntas de los periodistas, admitió que no es su competencia determinar si la aplicación del Plan Impulso es legal o no.

Un detalle que no aclaró en la comisión. Ante los grupos se perdió en una maraña legalista, que no contentó a nadie. Adolfo Barrena (IU) le preguntó si se había vulnerado el Estatuto, puesto que se utilizaron créditos extraordinarios para gasto corriente, y no de inversión, como es obligatorio. José Luis Soro (CHA) se interesó por el hecho de que los 150 millones se hubiesen incluido en una partida de gastos diversos, lo que impidió controlar a qué se han destinado. Incluso Antonio Ruspira (PAR), socio del PP en el Ejecutivo, preguntó si era o no legal el Plan Impulso, al igual que Ana Fernández (PSOE), que dudó de la transparencia del Ejecutivo autonómico.

Ninguno de los requerimientos fue atendido por Quirós. Se limitó a defender la profesionalidad de los funcionarios de la Diputación General de Aragón. Ya en los pasillos aclaró que su función no es determinar si el Plan Impulso --que es un ley-- es legal o no; obviamente se presupone que sí cuando la ha aprobado el Parlamento. En todo caso, los servicios de Intervención no entrar a valorar ese aspecto. Se centran en hacer informes en los que se establece si el dinero ha ido destinado a lo que estaba previsto, y si están debidamente justificadas las actuaciones se han llevado a cabo.