La instalación de cámaras de videovigilancia genera opiniones encontradas. Mientras para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son un instrumento fundamental para investigar crímenes o robos, para las organizaciones de consumidores existe el peligro de la intromisión de la intimidad.
El secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), José Ángel Oliván, lo tiene claro: todas los sistemas de videovigilancia deberían ir unidos de un cartel en el que se advirtiera a los viandantes que están siendo grabados. «Si una persona no está cometiendo ninguna actividad ilegal, que sepa que tiene derecho a pedir que las imágenes que ese organismo o ese comercio tienen de ella pueden ser borradas», destaca, mientras resalta la ley de protección de datos y la posibilidad que ofrece de «acceder a cualquier imagen hecha de una persona». «Lamentablemente no se ejerce y se ha podido observar en el caso de Cristina Cifuentes, que no se han destruido unas grabaciones que a los 30 días deberían haber desaparecido, puesto que ella pagó por esas cremas y no hubo denuncia», destaca.
Oliván entiende que desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado defiendan la instalación de estas cámaras, pero considera que «la tutela de las grabaciones debería recaer en manos de la Justicia y no de los policías».
Frente a su opinión está la de los investigadores, quienes resaltan, por ejemplo, «que se pueda llegar a identificar y detener a una red de carteristas que estén actuando en el tranvía de Zaragoza». También destacan que España vive actualmente en nivel 4 de alerta terrorista y que estas cámaras pueden ayudar a la detección y detención de sospechosos.
Más allá de la identificación, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ponen en valor que estas imágenes constituyen una prueba de cara a sentar en el banquillo a un sospechoso y que este sea condenado. Sin ir más lejos, fueron clave para trazar el recorrido de los anarquistas condenados por la bomba del Pilar.
