El Ayuntamiento de Zaragoza se juega en las próximas semanas algo más que una prórroga presupuestaria, mucho más que un acuerdo de los partidos de la izquierda. La confección de las cuentas, al margen de la distribución por áreas o de las partidas concretas, supone que lo que se aprueba hoy por el Gobierno de la ciudad es el regreso de la capital aragonesa al escenario previo a la entrada del plan de ajuste del que acaba de salir, aquel que le sometió al control del Ministerio de Hacienda por el sobreendeudamiento. Si se confirma el proyecto, adelantado ayer por EL PERIÓDICO, la deuda a largo plazo se quedaría en 700 millones de euros. Si se ratifica esa propuesta, la inversión de 65,5 millones de euros superará la que hubo en el 2011 y que no ha alcanzado en los últimos seis ejercicios.

Respecto a los préstamos bancarios, las previsiones de ZeC apuntaban a que este año acabaría con solo 733 millones de deuda, poco más de un 102% que le permitía pedir al ministerio la salida del plan de ajuste. Pues bien, el presupuesto de la ciudad para el 2018 apunta a que la amortización real a final del próximo ejercicio será de 56,91 millones, de manera que la reducción, aunque solo fuera por la inercia de la ejecución prevista, se habría quedado en 676 millones.

DESDE ANTES DE LA EXPO

Eso, traducido al límite de endeudamiento que marcaba la ley, habría supuesto pasar al 89,7% del presupuesto, un porcentaje nunca visto desde antes de la Expo. Pero no será así, porque para incluir una inversión como la que refleja el proyecto de presupuestos que hoy pasa por la mesa del Gobierno de la ciudad, serán necesarios 24,8 millones de euros procedentes de los bancos. Llegarán en préstamos bancarios que reducirán ese descenso a cambio de introducir mejoras en los distritos, atender reivindicaciones históricas. Como las de la prolongación de Tenor Fleta, ejecutar la reforma de la avenida Cataluña, impulsar definitivamente la rehabilitación de la Imprenta Blasco -buque insignia de CHA desde hace años en los presupuestos- o quién sabe si para desarrollar programas novedosos como la adquisición de viviendas de particulares para darles un uso social, entre otras.

EL DOBLE QUE EN EL 2015

Esto se traduce en que la disminución de la deuda se ralentice por primera vez en la legislatura y tras haber devuelto más de 150 millones a los bancos. El balance al final del ejercicio se quedará en solo 33 millones de amortización real del montante global y que, entre lo que se va a solicitar y lo que se va a devolver, se dedique un 4,3% del gasto a reducir los préstamos a largo plazo. En una lectura estrictamente técnica, los 56,91 millones que se iban a amortizar representaban un 7,5% del presupuesto, un porcentaje especialmente bajo comparado con los ejercicios anteriores, en los que se acabó dedicando hasta uno de cada diez euros a pagar a las entidades bancarias.

Mención aparte en los presupuestos merece el capítulo inversor. Los 65,5 millones de euros no son los más de 80 que se barajaron al finalizar el verano, pero representan un 21,75% de incremento con respecto a los 53,8 del año pasado. Pero en el histórico municipal hay que remontarse al 2011 para encontrar una cifra similar, de 62,31.

Desde entonces, la cuantía no hizo más que decrecer. Fueron 41,43 en el 2012; 45,59 en el 2013; 49,86 en el 2014; y 63,39 en el 2015. Y, supone duplicar su primer presupuesto, el del 2016, cuando dedicó 31,58, menos de la mitad que para el 2018.