El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza acordó ayer por unanimidad abrir una comisión de investigación sobre la gestión de la sociedad Ecociudad, que depurará sus trapos sucios pero solo los de los últimos 22 meses, los que lleva Zaragoza en Común (ZeC) en el Gobierno y Pedro Santisteve como alcalde y presidente de la misma. Su grupo municipal se sumó a la moción conjunta presentada por PP, PSOE y Ciudadanos (C’s), «encantado» de que se sepa «todo». Pero ofreció, a través de una transacción, ampliar el objeto de la investigación a la legislatura anterior, cuando gobernaba el PSOE y desde que creó Ecociudad, y los tres proponentes impidieron que se hiciera.

ZeC quería que desfilaran por la comisión el exalcalde y expresidente de la sociedad, Juan Alberto Belloch; el exvicepresidente y actual portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón; el actual consejero de Hacienda de la DGA, Fernando Gimeno; y el gerente, Miguel Ángel Portero. Y le dijeron que no, igual que a hacer partícipes a los trabajadores y sindicatos.

Los socialistas, a través de la concejala Lola Ranera se excusaron en que eso se decidirá en la junta de portavoces --a puerta cerrada--; el PP, sorprendentemente, renunció a lo que durante años reclamó al anterior Gobierno porque su portavoz, Jorge Azcón, ya tiene claro qué ocurrió: la gestión del saneamiento «se la querían dar a FCC o a Aguas de Barcelona», perdiendo, con los votos de CHA e IU, el control público. Y que el Tribunal de Contratos impidió un crédito de 46 millones de euros a petición suya. Investigar eso ahora carece de interés para él. Por último, Alberto Casañal, de C’s, eludió pronunciarse porque ya no hacía falta.

TRIPARTITO

Vencía «el tripartito de la transparencia», como le bautizó el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, que pidió que los trabajadores sean parte de esta investigación y avisó de que no participará de un «juicio paralelo» ni del «linchamiento político de nadie», ni siquiera del alcalde.

Pero Azcón avisó a Santisteve: «Hoy aprenderá que no todo vale y que no todo sale gratis. Igual actuó de espaldas a la ley y el que acaba en el fiscal es usted». El alcalde está en el punto de mira por su excursión a Fiscalía a informar de un presunto delito de falsedad documental que el juez archivó. «Esa caza de brujas contra un funcionario al que no ha pedido perdón», le dijo Azcón, refiriéndose al gerente, Miguel Ángel Portero. Ahora le piden explicaciones a él por ello o por, apuntó Ranera, las «coacciones» que dijo sufrir un trabajador cuya declaración, clave, acabó desdiciendo ante el juez. Y por la «ocultación de datos», porque los pliegos para licitar el mantenimiento de la planta de La Almozara llevan «más de 400 días en un cajón» por querer municipalizarlo.