Varios investigadores y Personal Técnico y de Administración de la Universidad de Zaragoza han constituido la Plataforma por la Dignidad de la Investigación, un grupo que nace para reclamar un cambio de modelo en la estructura de la I+D+i aragonesa. El colectivo denuncia que «la reducida financiación y una legislación obsoleta» provocan una situación de «precariedad» en su campo, lo que imposibilita realizar una I+D+i «eficiente y de calidad en unas condiciones laborales dignas», señalaron.
En este sentido, precisaron que solo en la Universidad de Zaragoza hay unas 500 personas trabajando en investigación con contratos temporales, «lo que impide dar continuidad a una labor que solo puede dar frutos a medio y largo plazo», esgrimieron.
Los objetivos de la plataforma son concienciar a la sociedad de la importancia de la I+D+i en el progreso social y económico de Aragón; establecer una hoja de ruta para la creación de una estructura de I+D+i estable; y participar en la definición una carrera profesional para todas las figuras del sistema aragonés de investigación y ciencia.
El colectivo también apuesta por su iniciativa al resto de universidades con el fin de «aunar esfuerzos y poder así llevar las reivindicaciones a nivel estatal», precisaron. «La ciencia y la innovación deberían constituir la base del modelo productivo, tal como ocurre en la mayoría de las principales economías de los países desarrollados», argumentaron. Así, desde la plataforma consideraron que «es el momento» de diseñar una I+D+i de calidad dentro del marco de la futura Ley autonómica de la Ciencia.
Contactos con el campus
La reunión constitutiva del colectivo se celebró el jueves en el edificio I+D+i del campus Río Ebro, en Zaragoza. Así, anunciaron que ya han establecido contactos con la dirección de la Universidad de Zaragoza, «que se ha mostrado muy receptivo y está preparando diferentes propuestas al respecto», dijeron. Además, se están solicitando encuentros con todos los partidos políticos con representación en las Cortes de Aragón para transmitirles las propuestas de la plataforma.
Por otro lado, el grupo G-9 de universidades de España mostró ayer su preocupación por el impacto de la Ley de Contratos del Sector Público en la investigación. «Con ella se trasponen al ordenamiento jurídico español las nuevas normativas europeas en la materia y esta podría suponer un obstáculo a la eficacia de la investigación», indicaron fuentes del G-9, del que forma parte la Universidad de Zaragoza.
