La Brigada de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía apunta en un informe remitido a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Zaragoza, que investiga el caso Mallén, que el Gobierno de Aragón pudo haberse saltado la ley al conceder 1,8 millones de euros en ayudas públicas a la empresa Agrovalle para facilitar su instalación en la localidad zaragozana. La información remitida a mediados de mayo por el Departamento de Economía de la DGA admite que esa consejería y la de Agricultura suscribieron con los responsables de la empresa un protocolo por el que se comprometían a cubrir el 30% de la inversión, que sobre el papel iba a rondar los cinco millones de euros y a generar alrededor de 200 puestos de trabajo. El análisis de la documentación ha llevado a los investigadores a la conclusión de que ese procedimiento de otorgación de ayudas públicas "podría vulnerar los principios generales que rigen la concesión de subvenciones", que incluyen, entre otros, los de concurrencia y de publicidad. La Policía añade que los fondos procedentes de la DGA "no se utilizaron para los fines para los que fueron concedidos".
