El diputado de IU en las Cortes de Aragón Adolfo Barrena ha pedido hoy la dimisión del Gobierno aragonés por haber sido "incapaz" en tres años de cumplir su "objetivo básico y fundamental", la consolidación fiscal, el control del déficit y la deuda.

En una rueda de prensa, Barrena ha criticado que los grupos parlamentarios no conozcan el Plan Económico Financiero (PEF) y se ha preguntado qué fue del anuncio de la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, de presentar un contencioso-administrativo contra las cifras del déficit porque solo aceptaba una desviación de entre 80 y 90 millones cuando ahora ha aceptado un "recorte" de 202.

Barrena ha lamentado que el consejero de Hacienda, Javier Campoy, saliera satisfecho del Consejo de Política Fiscal y Financiera tras aceptar un ajuste de 202 millones, de los que 168 serán reducción de gasto y 34, aumento de recaudación.

En ese sentido, ha reclamado a Campoy que "no mienta más a los ciudadanos", porque el recorte de 168 millones "van a costa del gasto social" - y ha citado gastos de personal, transferencias corrientes a entes e instituciones para mantener servicios e inversiones-.

Pero más preocupantes es, en su opinión, que 148 millones de esos 168 se van a sacar de no ejecutar el presupuesto, lo que supone incumplir una ley y deslegitimar la capacidad de un Gobierno que presenta un presupuesto para luego incumplirlo, y eso puede ser hasta "prevaricación".

Ha criticado además que una parte del déficit (que ha cifrado en 25 millones de deuda imputables al déficit) se deba a no haber acudido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) con el argumento de no estar "intervenidos" cuando ahora si se está porque se han aceptado todas las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El ajuste del gasto "lo van a pagar todos los ciudadanos", ha insistido Barrena, quien además ha considerado "imposible" que se pretenda, a la vez que se bajan impuestos, aumentar la recaudación en 34 millones con un mayor control, con lo que se ha preguntado si hasta ahora se ha estado permitiendo "el fraude, la evasión".

Y dado que el Gobierno se va a marchar, ha dicho Barrena, al menos debe contestar a cuatro preguntas: si puso o no el contencioso-administrativo, cuáles son las medidas concretas y capítulos para una reducción del gasto de 168 millones, cuándo va a empezar a reducir la deuda y por qué, si se asumió el compromiso de informar a la Cámara, se va a esperar a septiembre para que comparezca Campoy a explicar el PEF.