IU, Chunta Aragonesista, el sindicato CCOO y la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bajo Aragón han rechazo el modelo de concesión de obra pública para el futuro hospital de Alcañiz (Teruel), después de que publicara el BOA el estudio de viabilidad económico-financiera para esta explotación.

Las organizaciones han vuelto a alertar de lo que consideran un paso más hacia la privatización de la sanidad, ya que, según denuncian, el estudio recoge que el Gobierno de Aragón tendrá que pagar a la empresa constructora un máximo de 561 millones hasta 2042 y que la inversión que tendrá que realizar el concesionario es 110,5 millones de euros.

De estos 110,5 millones, 96,3 millones corresponden a la construcción del hospital y 14,2 a las actuaciones de reposición que tendrá que hacer a lo largo de la concesión en distintos equipos y materiales.

El Ejecutivo autonómico espera sacar la fórmula a licitación este verano para comenzar las obras en marzo de 2015 y concluirlas en 2018.

Así, la diputada de CHA Carmen Martínez alerta en un comunicado que la concesión "será un negocio redondo para las grandes constructoras a costa de la destrucción de empleo público y la calidad del servicio sanitario".

Añaden que supone solo la previsión de 561 millones de euros ya es "el primer ejemplo de cómo la gestión privada de un servicio público es más cara".

Según asegura la diputada de IU Patricia Luquin en una nota, "el coste, los plazos y la gestión privada de servicios del nuevo hospital por 25 años son inasumibles y una auténtica barbaridad desde todos los puntos de vista, desde el económico, político y social".

Ambas formaciones han anunciado proposiciones para solicitar que el Gobierno de Aragón financie esta infraestructura con fondos propios.

Por su parte, CCOO ha denunciado el "alto coste" del hospital a través de este sistema y ha anunciado a través de una nota que está estudiando presentar alegaciones al proyecto.

También han anunciado que estudiarán alegaciones desde la Plataforma en Defensa de los derechos sociales y los servicios públicos del Bajo Aragón Histórico.

Para este colectivo, los datos son "alarmantes" y alertan también de la externalización de servicios.