Izquierda Unida ha pedido la creación de una comisión especial de estudio en las Cortes que analice los problemas derivados de la imposibilidad de cumplir el plan de saneamiento y depuración, las graves consecuencias que está teniendo para algunos ayuntamientos y que busque alternativas la paralización del plan.

El diputado de IU, Miguel Aso, ha comparecido hoy en rueda de prensa para dar a conocer esta iniciativa para crear una comisión en la que se estudien los problemas derivados de la falta de financiación, las consecuencias que la paralización de la construcción de algunas depuradoras por las empresas concesionarias tendrán para los ayuntamientos, y la búsqueda de alternativas.

Aso ha precisado que en la comisión se deberá revisar el modelo de depuración para buscar alternativas biológicas para los municipios más pequeños; revisar el modelo de explotación y los plazos de licitación con el fin de cumplir los plazos para la depuración integral de las aguas establecido por Europa, y conocer el estado de los proyectos en cada caso concreto.

Además, ha insistido en que sería también necesario estudiar la posibilidad de imponer sanciones a las empresas que no han cumplido con sus compromisos y que de alguna forma "han dejado tirados a los municipios".

Del mismo modo, ha advertido de que si el Gobierno de Aragón decide variar las condiciones de los concursos, algunas empresas podrían pedir responsabilidades, y por eso es necesario estudiar el tema a fondo.

Además, IU ha registrado una moción en la que piden al Gobierno una solución "urgente" a este asunto, lo más consensuada posible con los grupos de la cámara.

El fracaso del plan de depuración obedece, según Aso, al modelo que para ello diseñó el gobierno de colaboración público-privada, y por eso ahora es necesario buscar alternativa.

Ha recordado, asimismo, que muchos municipios están pagando una tasa de depuración por unas aguas que no depuran, y aunque ha recordado que el consejero de Medio Ambiente, Modesto Lobón, anunció que estos ayuntamientos iban a ser eximidos de pagarla, ha considerado que se les debería de devolver lo ya pagado.

Por su parte, Lobón, después de comparecer en la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente, ha dicho que "es de justicia" que si los ayuntamientos, por problemas ajenos a ellos, no tienen depuración, no la paguen, pero no se ha referido a la opción de devolver lo abonado.

Ahora, ha agregado el consejero, se hablará con los municipios y con las asociaciones que los representan, para hacer un "traje a la medida de cada uno" y encontrar una solución que sea "sostenible económica, social y medioambientalmente", en un trabajo de "orfebrería política", ha reconocido.

"El plan está bien concebido y la filosofía es buena, pero hay que ajustarlo a la realidad", ha enfatizado.

Las empresas, ha dicho, han demostrado que tienen voluntad de replantear los proyectos, debido a las dificultades de financiación que tienen por la grave crisis económica, y eso obliga a realizar un estudio sobre los flujos económicos y las dimensiones de cada una de las depuradoras.