El proyecto de ley de medidas para el mantenimiento de servicios públicos, o lo que es lo mismo, la subida de impuestos para el 2016, sigue adelante en el Parlamento. El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, defendió su política fiscal por ser "medida" y "moderada", que no afectará a los sectores productivos, y permitirá priorizar la educación, la sanidad, la dependencia y la renta básica. PP, PAR y Ciudadanos presentaron tres enmiendas a la totalidad, que fueron rechazadas, y acusaron al Gobierno de aumentar la carga impositiva a todos los aragoneses, lo que irá en detrimento de la recuperación ideológica.

En el debate se vieron dos posiciones antagónicas en lo ideológico: la izquierda, favorable a la subida de impuestos, siempre que sea progresiva y la derecha, contraria al aumento propuesto por el Ejecutivo autonómico. Podemos intentó desmarcarse de unos y otros --por ser "mejores"--, y al final se perdió en disquisiciones dicotómicas: ricos y pobres; mejores y peores; viejo y nuevo. Al final acabó respaldando al Gobierno y rechazando las enmiendas a la totalidad de la derecha.

CUESTIÓN DE PRIORIDADES

Gimeno reconoció que la subida tributaria responde a las "prioridades" del Gobierno, que pasan por mejorar la calidad de los servicios públicos. Algo que solo puede hacerse, dijo, con más ingresos. Avanzó que el presupuesto de gasto del próximo ejercicio estará en niveles del 2006 y el 2007, lo que supone un recorte de 1.100 millones de euros --un 23%-- respecto a los años previos a la crisis. Dijo que el objetivo de las cuentas del 2016 será "recuperar para la sociedad" los servicios públicos, "deteriorados durante los últimos cuatro años". Las medidas propuestas, según el consejero, no van a perjudicar la creación de empleo por parte de las empresas, puesto en el proyecto se hacen excepciones con las actividades productivas, y tampoco hacen daño a las familias, ya que la subida del IRPF, por ejemplo, solo afectará al 0,5% de las personas físicas, las que declaran un salario anual superior a 90.000 euros.

Ningún argumento convenció a los grupos de la oposición. Javier Martínez (C's) consideró poco idónea la reforma fiscal porque "pone en peligro la recuperación". "Va a afectar a todos y no es necesaria", aseveró. Lamentó que el Gobierno no plantee ninguna medida para reducir los gastos. "Se ha optado por lo más fácil", subrayó. Antonio Suárez (PP) acusó a Gimeno de ser "adicto" a subir los impuestos. Indicó que, pese a que en el 2016, el Gobierno tendrá más ingresos procedentes del Estado, se opte igualmente por incrementar la carga. "Es un subidón tributario, que afectará a todos los aragoneses y de forma importante". Dudó de que estas medidas permitan recaudar más y reclamó más control del gasto. Elena Allué (PAR) aseguró que la reforma "golpeará" a la clase media, que está "esquilmada", que lo que necesita es "un respiro". En su opinión, la subida "no favorece a ningún sector" porque "resta competitividad".

Héctor Vicente (Podemos) armó un discurso en contra de la reforma; advirtió que a su grupo le faltó "el canto de un duro" para haber presentado una enmienda a la totalidad. Pero no lo hizo. Calificó el proyecto de ley de "injusto, regresivo, cruel con los débiles y cobarde con los poderosos". Y sin venir muy a cuento dijo que los de su partido son "mejores" que el resto, y que por eso están en el Parlamento. También dijo aquello de que están en las Cortes por la gente, como si a las otras formaciones las votasen extraterrestres.

Simplezas aparte, Patricia Luquin (IU) calificó la reforma tributaria del Gobierno de "moderada" y apostó por mejorarla. Recordó que con las políticas de los últimos años "no se ha creado empleo ni se han mejorado los servicios" y apostó por rebajar el tramo del IRPF que se gravará. Gregorio Briz (CHA) dijo que fue la austeridad la que causó la crisis, y que la política de izquierdas tiene que pasar por una "mayor recaudación".