L os tres partidos de izquierda en el Ayuntamiento de Zaragoza dejaron ayer a un lado la tormenta política actual y sus diferencias para votar de forma conjunta las ordenanzas fiscales del 2017 con las que se aplicará el eslogan de el que más gana, más paga. En la comisión extraordinaria de Economía de ayer hubo pocas sorpresas y escaso debate. Zaragoza en Común (ZeC), PSOE y CHA se centraron en destacar lo importante que había sido este acuerdo. Entre otras cosas, porque es el segundo que se produce entre las tres fuerzas en la legislatura.

Con las nuevas ordenanzas se reducirá el tipo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) un 5,5% con el objetivo de «neutralizar el aumento de la base imposible como consecuencia del catastrazo del 2013», explicó el concejal de Economía, Fernando Rivarés. Así, quedará congelado el recibo para el 99,8% de los hogares zaragozanos y le subirá un 10% a aquellos inmuebles comerciales cuyo valor catastral supere el millón de euros, es decir, a un 0,11% del total. O lo que es lo mismo, a 558 locales. Respecto al Impuesto de Actividades Económicas (IAE), ZeC, PSOE y CHA votaron a favor de que, aplicando el nuevo callejero fiscales, se congelen los coeficientes de las tres primeras categorías y se baje en el resto.

C’s y PP se mostraron muy críticos con la modificación de ambos tributos. Por un lado, porque un porcentaje mínimo de la población verá incrementado su recibo del IBI y, por el otro, porque subiéndole los impuestos a las empresas se dificultará la creación de empleo.

El Gobierno de la ciudad accedió a aplicar las propuestas de PSOE y CHA en la plusvalía por mortis causa bonificando hasta un 95% aquellos inmuebles con un valor inferior a 100.000 euros (en lugar de 70.000) y n 50% para los de 150.000 (en lugar de 120.000). También aceptó reducir de 2 a cero años la carencia.

Donde no hubo acuerdo entre la izquierda fue en la ordenanza de vertidos. El Gobierno, junto a C’s, propuso subir el precio de varuis municipios de la provincia de 17 a 32 euros por tonelada, «el precio real y que genera un gasto de medio millón de euros al año», aseguró Rivarés. Finalmente salió adelante la propuesta socialista que planteaba que hasta que no se firme el convenio que se está negociando con los ayuntamientos, no se modifique la ordenanza.