La judicatura aragonesa decidió ayer dar plantón al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en su rápida visita a la capital aragonesa para inaugurar unas jornadas sobre el nuevo reglamento de la protección de datos y para entregar una condecoración a un secretario judicial. Con la ausencia en ambos actos, los representantes de las asociaciones profesionales del sector quisieron demostrarle su enfado por sus «ataques» al Poder Judicial tras la sentencia de La manada, así como recordarle que el próximo 22 de mayo hay una jornada de huelga judicial para reclamar más financiación y por ende más medios.

El día comenzó como ya es habitual todos los jueves del mes: una hora de parón judicial y una concentración en los exteriores de los juzgados de toda la comunidad. Con esta inicitiva, los magistrados y fiscales quieren un papel cero eficaz, un expediente electrónico que realmente funcione, no como entienden el actual, que da más trabajo del que quita. De hecho, señalaron que la implantación efectiva del expediente judicial electrónico, a través del programa Avantius, está prevista en julio. Un mes que, según los jueces, «no es el adecuado porque ya hay personal de vacaciones que no va a estar implantado y porque encima está prevista una formación en una semana, un plazo insuficiente».

Ello demuestra, según estas asociaciones, la falta de compromiso con la Justicia tanto del Gobierno de España como del autonómico.

SALARIOS / Con estas concentraciones, los jueces y fiscales exigen una mejora de sus condiciones laborales, empezando por la recuperación del nivel salarial perdido en 2010 como consecuencia de la crisis económica.

Otra de las peticiones de los jueces es conseguir la independencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de «la designación de los doce vocales de procedencia judicial no puede depender de la elección de las Cortes Generales, sino de los propios jueces y magistrados».

De esta forma, «se estaría aportando más imparcialidad y objetividad» al sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, ha recalcado. Además, para lograr una mayor independencia del poder judicial, también reclaman la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.

Asimismo, reclaman que se impulse de forma inmediata la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que a permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal se refiere, así como una implantación de unas cargas máximas de trabajo.

Sobre el gesto de la judicatura aragonesa no se pronunció el ministro de Justicia, si bien, en declaraciones a los medios de comunicación, aseguró que «el poder judicial en España es absolutamente independiente», lo que significa que «cuando un juez en España va a dictar una resolución en un caso del que es competente nadie le presiona ni le dice cómo tiene que aplicar la ley».

LIBERTAD DE EXPRESIÓN / «Eso es la independencia judicial, cosa distinta es luego la opinión o la crítica que puede merecer la actuación de los tribunales o una sentencia en términos de derecho, son planos distinto», alegó para indicar que tanto la independencia judicial como la libertad de expresión o la crítica «dentro del respeto institucional están absolutamente garantizadas en España». De esta forma, respondió al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Joaquín Galve, quien señaló que los jueces que han seguido este caso, especialmente el que emitió un voto particular, Ricardo González, se han sentido perseguidos.

Catalá recalcó que «los 5.500 jueces que ejercen la jurisdicción cotidianamente lo hacen con calidad, con pleno sometimiento a la ley y al derecho y con todas las garantías que les otorga nuestra Constitución y que les tutela el Consejo General del Poder Judicial, por lo que estoy seguro de que ningún juez ejerce su actividad bajo ninguna presión».

Respecto a las movilizaciones convocadas en todo el país tras conocerse esta sentencia solicitando cambios en el Código Penal, el titular de Justicia recordó que desde el primer día, al conocer el fallo de los jueces y el voto particular, anunció que «íbamos a promover una reflexión tranquila, serena, basada en el informe de los especialistas, en la sección de derecho penal de la Comisión General de Codificación».

De hecho, hoy se promoverá «un cambio importante», en palabras del ministro, en la composición de esta comisión para incorporar «un número importante de mujeres para garantizar la paridad, como ha sido solicitado por el conjunto de la sociedad, y esa sección de derecho penal llevará a cabo un estudio desde su conocimiento específico de nuestro derecho».

Los jueces aragoneses mantienen convocada la huelga el 22-M, la segunda llevada a cabo por este sector en democracia.