Los jueces y fiscales aragoneses hicieron ayer el primer parón laboral de una hora, anunciado la semana pasada, y con el que pretenden visibilizar su hartazgo con la Administración a la que exigen más medios modernizadores e independencia. Si la situación se enquista, anuncian una huelga el 22 de mayo, la segunda en la historia de la judicatura.

Paralelamente, los operadores judiciales aragoneses realizaron concentraciones, de diez minutos, en las puertas de los diferentes juzgados de la comunidad. La más multitudinaria fue en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, donde el juez decano, Roberto Esteban, reconoció que «ha habido un pequeño movimiento en el ministerio pero las asociaciones lo consideran totalmente insatisfactorio».

Esteban insistió en que los medios para incrementar la independencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «la designación de los doce vocales de procedencia judicial no puede depender de la elección de las Cortes Generales, sino de los propios jueces y magistrados». «De esta forma, se estaría aportando más imparcialidad y objetividad al sistema de nombramiento de altos cargos judiciales», apostilló.

Por otro lado, con estas concentraciones, los jueces y fiscales exigen una mejora de sus condiciones laborales, empezando por la recuperación del nivel salarial perdido en 2010 como consecuencia de la crisis económica. Asimismo, solicitan que se impulse «de inmediato» la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que a permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal se refiere, así como una implantación de unas cargas máximas de trabajo.

El juez decano resaltó la importancia de la puesta en marcha de un proceso de digitalización que facilite y agilice el ejercicio de la función jurisdiccional, en lugar de ralentizarlo como, por ejemplo, con la adquisición de un sistema de transcripción automática de las declaraciones y juicios. Otras de las medidas que propuso se centran en la dotación de más medios personales y materiales para luchar contra la corrupción y en la compatibilización de los distintos sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional.