El titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza desestimó ayer en un auto el recurso interpuesto por lo aspirantes a bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) suspendidos en la primera prueba de las oposiciones, quienes habían solicitado que se paralizaran las pruebas a la vista de un informe pericial según el cual algunos de los opositores tenían ventaja sobre el resto por conocer previamente el contenido del examen.

Los querellantes, representados por la letrada Carmen Sánchez, presentaron un recurso de reforma contra un auto anterior que ahora se ha visto confirmado. En el mismo aducían que, a la vista de la lentitud de la maquinaria judicial, era preciso suspender la oposición de forma cautelar, dado que la DPZ consideran que existen pruebas de que el procedimiento de las oposiciones puede estar «viciado». Asimismo, sostenían que se daría un supuesto de periculum in mora (peligro por retraso judicial), en el caso de que el proceso acabara con condena por prevaricación y tráfico de influencias.

Sin embargo, el magistrado señala que la medida cautelar no está justificada «sin que se haya acordado la apertura de juicio oral». Además, sostiene que no existe el peligro de demora debido a que cabe la anulación posterior de los accesos a las plazas en caso de demostrarse que estos se consiguieron ilícitamente.