El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Zaragoza dio la razón recientemente a una zaragozana que reclamó por haber tenido que pagar casi 5.400 euros de impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía, cuando había vendido su vivienda del barrio de Miralbueno en el 2013 por menos de lo que le costó, en el 2005. El juez concluye que gravar un aumento de valor que no se produce supondría "inventar un impuesto, pervirtiendo la regulación", y por ello lo anula.

El letrado de la vendedora, Santiago Palazón, argumentaba también para su anulación que la fórmula matemática que utiliza el Ayuntamiento de Zaragoza para calcular la plusvalía, en su ordenanza fiscal, es errónea. Según este razonamiento, se basa en una estimación del incremento de valor del terreno dentro de 12 años en lugar de en un incremento real, según acreditó con un informe pericial de un matemático.

El juez no entra a valorar esta cuestión, entre otros motivos porque no es de su competencia ni puede ordenar que el consistorio la cambie. Será el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) quien estudie esta cuestión, a raíz de un recurso a título personal interpuesto, como contribuyente, por Palazón.

Lo que sí analiza el juez Carlos Martín es que la normativa aplicable parte como premisa de un continuo aumento del valor de los inmuebles, cuando en los últimos años se ha producido el hecho "insólito" de que han bajado de precio.

Por ello, aunque la fórmula matemática no lo recoja, por sentido común se entiende que no se puede pagar por una ganancia que no existe.

No es la primera sentencia de este tipo que se dicta en Zaragoza --el juez cita tres desde el 2013--, pero sí de las primeras que se basan en un criterio fiscal, no catastral. Es decir, independientemente del valor del suelo --que en este caso creció--, lo que se grava es el incremento del valor de la vivienda, y este es menor de lo que fue.

La sentencia abre una puerta preocupante para el consistorio, dado que se puede reclamar lo pagado indebidamente en los últimos cuatro años, siempre que se pueda demostrar que el piso perdió valor. Más preocupante aún teniendo en cuenta que los ingresos por la plusvalía crecen exponencialmente en los últimos años para el consistorio.