El magistrado del caso saqueo, José Ignacio Martínez, que investiga la supuesta malversación de 80 millones de euros en las obras de urbanización de Plaza ha citado a declarar, como imputados, a María Luisa Roca Sánchez --mujer del empresario imputado Miguel Cantero Molés-- y al trabajador de Acciona José Luis Albendea Zafra.
La cita judicial será el próximo 11 de diciembre ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza. Asimismo, están llamados a testificar varios técnicos de la empresa de ingeniería, Jaime Prado, Gregorio Nuño y Francisco Javier Lozano.
El juez Martínez atiende así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción que solicitó, tal y como adelantó EL PERIÓDICO, que se encartara a María Luisa Roca por el delito de blanqueo de capitales. En un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional destacó que con los ingresos netos anuales de 28.000 euros como trabajadora del Salud "no era suficiente" para generar capacidad de ahorro para la adquisición de un inmueble, cinco plazas de garaje, dos trasteros, un local comercial y, por último, dos pisos con su marido.
A estas propiedades habría que añadir, según las pesquisas, que tuvo ingresos no periódicos anuales de entre los años 2005 y 2013 de 29.000 a 35.000 euros".
ESPOSO
El marido de Roca Sánchez está siendo investigado por si con la empresa Micar cargó a las obras de urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza 182.073 euros en facturas falsas y con CR Consultores, otros 80.684 euros.
El otro de los imputados que pasarán por el despacho de este juez, que también investiga el caso cuadros sobre presuntos sobrecostes en la compra de cuadros de Goya, será José Luis Albendea Zafra por pagar, supuestamente en nombre de Acciona, un viaje a Brasil de 13.000 euros al exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; a su mujer Elena Planté, y a sus hijas, Patricia y Carolina.
El Cuerpo Nacional de Policía asevera que este empleado de la UTE que llevó a cabo las obras bajo sospecha hizo esta "dádiva" que estaba motivada "bien por actos u omisiones que ha podido realizar como gerente de la sociedad Plaza en favor de la UTE Plaza o en consideración al cargo que desempeñaba".
Ante la UDEF se negó a declarar por el delito de cohecho, a pesar de que los agentes le mostraron una factura hallada en la agencia de viajes en la que se se probaría las sospechas de los investigadores. Todo ello, a pesar de que la constructora no aportó entre sus facturas ninguna relativa a este viaje.
Entre la documentación del caso resaltan algunos correos electrónicos intervenidos a García Becerril en los que mostraba su satisfacción por el viaje, que consideró "extraordinario".
Esta causa suma 23 imputados entre los que están los anteriores gestores de la plataforma logística y empresarios de la construcción.
