El magistrado que investiga el caso Pagarés ha ordenado definitivamente el embargo del sueldo del exviceconsejero de Obras Públicas de la DGA, Carlos Escó, en Telefónica.
De este modo, este imputado en la causa de los sobrecostes de más de 17 millones de euros en las obras de unas naves en la Plataforma Logística de Zaragoza dejará de percibir los 240.000 euros al año que cobraba como director de relaciones institucionales de Telefónica Internacional para Latinoamérica, según un informe de la AEAT.
La solicitud del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, Francisco Picazo, se había realizado a principios de mes, si bien no pudo llevarse a término porque hubo un error y la petición se realizó a una sociedad diferente a la responsable de esta contraprestación monetaria. Previamente, la letrada de la acusación popular, Irene Romea, en representación de UPD, lo había demandado.
Este dinero se une a la decisión de trabar otros bienes que suman 548.860 euros, según los dictámenes periciales que recibió el juez, en los que resaltan tres viviendas, un garaje y tres vehículos. El inmueble con más valor es una finca de 600 metros cuadrados con 162 construidos en Nueno, si bien la tiene dividida con su esposa, Eva Almunia.
La Audiencia de Zaragoza dio vía libre al embargo de bienes, tras recurrirlo los abogados defensores de los cuatro imputados: Carmen Cifuentes --perteneciente al despacho de Enrique Trebolle--, Juan Monclús, José María Gimeno del Busto y Miguel Ángel Alemán.
El magistrado decidió dicho embargo para satisfacer la fianza de 18,6 millones de euros que impuso de forma solidaria al propio Escó, junto al constructor y anterior máximo responsable del Real Zaragoza, Agapito Iglesias; al exgerente de la plataforma Ricardo García Becerril y al exdirector técnico Miguel Ángel Pérez.
Ninguno de ellos puso el dinero, más allá de Agapito Iglesias que presentó como aval dos empresas que eran dueñas las acciones de la sociedad deportiva. Posteriormente, hizo la venta a un grupo de empresarios por valor de 9,8 millones de euros --no depositados en el juzgado-- que finalmente se lastró ayer con la entrada de la Fundación Zaragoza 2032, liderado por el presidente César Alierta, que va a recibir de forma gratuita sus acciones.
El magistrado instructor señaló en el auto de imputación que "hay una razonable posibilidad" de que 14 millones de euros de los sobrecostes "pasara a manos de las personas ya imputadas". Consideró que no era comprensible que el contratista facture al cliente una cantidad superior a la presupuestada.
