La investigación sobre la presunta trama de corrupción urbanística de La Muela se extiende en el ámbito político con la imputación ayer del exsenador del PP y expresidente de la Diputación de Huesca, Rodolfo Aínsa, por un presunto delito de tráfico de influencias. El juez que instruye el caso ha ampliado a 30 el número de implicados y ha citado a declarar el próximo viernes no solo al político altoaragonés, también al concejal de La Muela Fernando Barba, como posible autor de los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos, y a los hermanos Emilio y Luis Alberto París Cester, apoderado y administrador único, respectivamente, de la empresa Construcsa, por tráfico de influencias.
Estas cuatro nuevas imputaciones fueron solicitadas por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía, tras transcribir algunas de las grabaciones telefónicas efectuadas. Entre estas conversaciones figuran las mantenidas entre Juan Antonio Embarba, marido de la alcaldesa María Victoria Pinilla, y el exsenador popular, de las que se desprende que la regidora de La Muela le pidió ayuda para regularizar una licencia de armas de su hijo pequeño en la República Dominicana. Ambas familias, que tienen residencias en ese país caribeño, mantienen buenas relaciones de amistad, reconocidas por ambas partes.
RESPONSABILIDAD
Entre los nuevos imputados en el caso figura también Fernando Barba. Este concejal de La Muela, que tiene competencias en alumbrado, agua, residuos y mantenimiento de edificios y es responsable del polígono Centrovía y de las urbanizaciones, fue el que certificó las obras, muchas de ellas inacabadas o sin hacer, para obtener las subvenciones del Instituto Aragonés del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. La propia Pinilla le responsabilizó de la facturación de las obras a la DGA –por valor de 350.000 euros– en la comparecencia ante el juez del pasado 27 de mayo. De ahí que la Fiscalía le apunte como posible responsable de los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales.
El juez Alfredo Lajusticia también ha citado a declarar como imputados a los empresarios Emilio y Luis Alberto País Cester, a los que implica en delitos de cohecho y tráfico de influencias por la construcción de una pasarela sobre la autovía de Aragón. La empresa de la que son apoderado y administrador, Construcsa, consiguió esta obra «de forma totalmente irregular», según los informes policiales, que recogen también que pagaron comisiones que luego se repartieron otros imputados.
La Fiscalía ha pedido también que testifique la secretaria de la Comisión Provincial de Urbanismo, Eva Salas, que elaboraba los órdenes del día, en las que figuraban los temas a tratar.
Se retrasa hasta el mes de octubre el ascenso del juez a magistrado
El ascenso del juez Alfredo J. Lajusticia a magistrado, previsto para próximas fechas, se retrasa en principio hasta el mes de octubre. Al parecer, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, ha suspendido todos los ascensos en tanto se resuelven las diferencias que mantienen con el Ministerio de Justicia respecto a las condiciones de estos aumentos de categoría y que pasarían por permanecer tres años más en un juzgado unipersonal. Lajusticia podría haber permanecido en La Almunia en comisión de servicios.
