El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska acordó ayer el sobreseimiento de la querella interpuesta contra Defensa por un supuesto delito de imprudencia con resultado de muerte en la contratación de la compañía ucraniana propietaria del avión que se estrelló en Turquía en mayo del 2003, con un resultado de 62 militares muertos, muchos de ellos aragoneses. El magistrado suscribe la tesis de que el siniestro se debió a un fallo de la tripulación.

En el auto dictado ayer, Grande-Marlaska señala que, en la cadena de contrataciones que desembocó en la la compañía ucraniana Um Air, "no se establecía, por parte de funcionario alguno de Defensa, ninguna obligación concreta relativa a deber verificar que la aeronave se encontraba en perfecto estado de mantenimiento". Sin embargo, el magistrado recuerda que "no ha quedado acreditada la existencia de ninguna anomalía" a este respecto.

Los abogados de la Asociación de Víctimas del Yak-42 anunciaron ayer que presentarán un recurso de apelación contra la resolución judicial. "Primero estudiaremos detenidamente el auto y después recurriremos ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional", aseguró el letrado Eudaldo Vendrell, que representa a numerosos afectados.

ELEMENTOS DE CONTROL Marlaska añade que tampoco les correspondía a los responsables de Defensa comprobar previamente que la tripulación gozaba de las necesarias licencias y menos que se cumplieran los necesarios horarios de descanso.

En opinión del magistrado, tanto la obligación de verificar el correcto funcionamiento y estado de la aeronave como la adecuada preparación y capacidad legal de la tripulación eran responsabilidad de la empresa contratista. No obstante, el juez señala en su resolución que "cuestión distinta sería la de valorar la pertinencia o no de haber exigido mayores elementos de control por parte de las autoridades españolas".

La decisión del juez Marlaska no cogió por sorpresa al letrado zaragozano Javier Hernández, que representa a los afectados en el pleito civil todavía abierto ante la Audiencia de Zaragoza. "Hace dos o tres años, la juez Palacios ya concluyó que no existía ningún ilícito penal de los funcionarios de Defensa en lo referente a la contratación de Um Air", explicó el abogado. "Lo nuevo de ahora es que se ha intentado lo mismo pero con otro juez", añadió.

MAGISTRADO RECUSADO Hernández recordó que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 mantiene abierta sin embargo una pieza separada de este sumario en la que se investigan posibles responsabilidades en la identificación de los cadáveres. En este supuesto aparecen como imputados dos generales y dos de los comandantes médicos que realizaron las autopsias erróneas.

Con todo, en este frente las cosas tampoco van bien para los afectados, que meses atrás recusaron sin éxito al juez Grande-Marlaska por entender que estaba "contaminado" para llevar el caso por haberse pronunciado sobre aspectos del mismo en una ocasión anterior.

En la parte explicativa del auto, Marlaska suscribe las conclusiones del informe presentado en julio del año 2005 por la comisión internacional encargada de investigar el accidente. Según las mismas, "la causa del siniestro fue una concreta conjunción de circunstancias, imputables todas ellas a la gestión de la empresa Um Air".

Asimismo, basándose en el mismo documento, afirma que otra causa del siniestro fue "la falta de preparación concreta de la tripulación para aterrizar en aeropuertos como el de Trabzon", donde ocurrió el accidente, que se encuentra en una zona montañosa de complicado acceso para las aeronaves.

Marlaska también reseña que la tripulación ucraniana, de doce miembros, carecía de cursos de gestión de cabina "que permitieran una sinergia ante situaciones de riesgo", lo que, unido a "una razonable fatiga", hizo que "valorara inadecuadamente la realidad".