Quien fuera vicepresidente del consejo regulador de la denominación (CRDO) del Jamón de Teruel y presidente socialista de la Diputación de Teruel (DPT), Antonio Arrufat, seguirá siendo investigado --antiguamente imputado-- por el caso jamón. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, Jerónimo Cano, declinó ayer la petición del nuevo fiscal designado en este asunto de sobreseer la actuación con respecto a este, así como contra que Francisco Abril, diputado que sustituyó a la popular Carmen Pobo por estar ella de vacaciones el día que se concedió la ayuda al consejo regulador. Lo mismo sucede con Rogelio Castaño, jefe del servicio agropecuario de la DPT.
La imputación contra estas tres personas estaba en el aire, después de que el ministerio público, en 48 horas, cambiara de opinión y pidiera al instructor que no fueran citados a declarar como sospechosos todos los miembros de la diputación provincial del 2010. Los primeros en hacerlo iban a ser Julia Vicente (PSOE) e Inocencio Martínez (PAR), con la particularidad de que la primera, al ser vicepresidenta de las Cortes está aforada y el caso podía haber llegado a manos del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
AUTO
A través de un auto, el magistrado justifica que estas personas sigan siendo investigadas porque "existen indicios razonables y fundados" de que el pleno de la DPT podría haber incurrido en un delito de "prevaricación dolosa" por la concesión de subvenciones por parte de la DPT y del Instituto Aragonés de Fomento. Se basa para ello en la los informes periciales, las declaraciones de los interventores de la diputación y en el informe de la Cámara de Cuentas de Aragón. En uno ellos, el perito afirma que no está justificada la totalidad de la subvención recibida, por una cantidad equivalente a 24.000 euros. También se señala en dicho informe que en otra subvención concedida en el 2011, el CRDO Jamón de Teruel presentó una memoria de actuación que resultaba "incorrecta". De esta forma, quedarían invalidada otra ayuda por valor de 20.000 euros.
En un tono duro, señala que el caso de la DPT se ve agravado por las circunstancias advertidas en los informes de intervención y de la Cámara de Cuentas de Aragón, en el sentido de que el pleno levantó los "reparos" formulados por el interventor. En este marco incluye y resalta a la presidencia de la diputación.
Le rebate a la Fiscalía el significado de prevaricación, advirtiéndole que para que se cometa "no es necesario que se trate de una resolución injusta sino arbitraria". Por último, afirma que el dinero público es "sagrado, proviene de la ciudadanía, de su trabajo diario, por ello debe gestionarse con rigor" y que, por tanto, "conceder subvenciones sin soporte documental excede de ser un ilícito administrativo".
