El juez Francisco Picazo solicitó el pasado 10 de octubre a once bancos que remitiesen información sobre las cajas de seguridad que tengan o hayan tenido Agapito Iglesias y Carlos Escó en las entidades. Fue una de las medidas que adoptó cuando decretó el secreto de sumario en el caso pagarés de Plaza, que acaba de levantar al no ser ya necesario. Aún no ha trascendido la contestación de las ocho sucursales a las que requirió en el caso de Iglesias --Ruralvia, Banca March, Caixabank, Santander, Bankinte, Bankia, Banif y Novagalicia-- ni de las tres de las que era cliente Escó: Ibercaja, Caixabank y el BBVA.

Es una de las últimas pesquisas que ha ordenado el titular del Juzgado del Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, que, por lo demás, da la investigación por concluida. De hecho, ha remitido a la Audiencia Provincial los recursos de las acusaciones --incluída la Fiscalía-- y las defensas contra este cierre, porque él no los ha admitido.

PARAÍSOS

El requerimiento de información sobre las cajas de seguridad deriva del informe de análisis del patrimonio del empresario soriano y el exconsejero delegado de Plaza, elaborado por la Policía Nacional. Los viajes de ambos al extranjero y sus donaciones de bienes a la familia --particularmente en el caso del expresidente del Real Zaragoza-- motivaron la apertura del caso paraísos, por presuntos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, en manos del Juzgado de Instrucción número 2. Pero el grupo de Blanqueo señalaba que le faltaban datos por lo que pudiera haber en estas cajas de seguridad, por lo que el juez ha requerido esta información.

Por otro lado, el levantamiento del secreto ha permitido conocer que la Fiscalía avaló la retirada del pasaporte a Carlos Escó, que solicitó la acusación particular ejercida por UPD, a través de la letrada Irene Romea. El ministerio público no puso objeciones a la medida, como tampoco lo hizo en el caso de Agapito Iglesias, que tiene prohibido salir al extranjero desde mucho antes.

Esta medida, adoptada ya por el juez, no tiene por qué afectar al actual empleo de Escó como delegado de Telefónica en latinoamérica, ya que la prohibición puede ser suspendida si el afectado lo solicita con causa justificada. Ya ocurrió con el exgerente de la UTE Plaza y directivo de Acciona José María Jordán en el caso saqueo, la causa principal de Plaza.